Caos en el sistema penitenciario del Edomex

Sin duda alguna, el Estado de México es un ejemplo claro del fracaso que ha representado la implementación de políticas públicas y de la ineficiencia en el ejercicio de la administración pública mexiquense.

Le caracterizan los altos índices de delincuencia, ubicándolo en los primeros lugares de incidencia; inseguridad traducida en secuestros, asaltos y robos a mano armada en transporte y vía pública; estadísticas que se resisten a revelar la disminución de casos de feminicidios, a pesar de una Alerta de Violencia de Género; desabasto en insumos y medicamentos; e infraestructura hospitalaria en obra inconclusa.

Hoy debemos sumar a este fracaso el caos y la ingobernabilidad que priva en los centros que conforman el sistema penitenciario de la entidad. Bastó que se desatara una riña en la prisión de Santa María Chiconautla, en Ecatepec, para que se destapara la “cloaca” sobre el estado que prevalece en los Centros Preventivos y de Readaptación Social.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Estado de México tiene una calificación de 6.40 luego de haber evaluado 11 de los 22 centros penitenciarios que se ubican en la entidad.

Les caracteriza la sobrepoblación, hacinamiento, ingobernabilidad, deficiencia en la imposición de sanciones disciplinarias, autogobierno-cogobierno, corrupción, extorsión y sobornos, grupos de poder que ejercen control sobre otros reclusos, tráfico de sustancias prohibidas y cobro de privilegios, entre otros, incumpliendo incluso con las normas internacionales sobre la estancia digna de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y Reclusas, conocidas como Reglas Mandela y Reglas de Bangkok, respectivamente.

Basta saber que en el centro preventivo de Ecatepec la sobrepoblación representa 495 por ciento de su capacidad; en el de Chalco, 452 por ciento; en el de Tlalnepantla de Baz, 386 por ciento; y en el de Cuautitlán, 402 por ciento; siendo en total la población reclusa en el Estado de México de 25 mil 723 reos, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017 del Inegi.

Más que un diagnóstico de los 22 reclusorios “para delinear acciones y atender la sobrepoblación e identificar los riesgos que prevalecen” como anunció la Secretaría de Seguridad estatal, las autoridades responsables del sistema penitenciario deben actuar y acatar de inmediato, en forma y tiempos, las recomendaciones tanto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) 33/2017 por vulnerar los derechos humanos de internos del centro penitenciario Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca, por tolerar actos como la tortura e intimidación, así como la emitida por la CNDH —M-06/2017— en la que se detallan las situaciones apremiantes de atender y que caracterizan a los centros penitenciarios desde 2012.

La urgente atención que demandan los centros de reclusión del Estado de México, en los que se encuentra 13.6 por ciento de los presos a nivel nacional, ubicándole como el segundo territorio con más población penitenciaria, para evitar que continúe la ingobernabilidad e incluso la anarquía en su interior, requiere:

Que el gobierno estatal armonice sus ordenamientos jurídicos en materia de ejecución penal a la Constitución y a los tratados internacionales de los cuales México forma parte, así como a la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir del 17 de junio de 2016; se audite el ejercicio del presupuesto asignado a la prevención y reinserción social; y se sancione a los servidores públicos que incumplieron con su responsabilidad de mantener el orden en los centros penitenciarios.