De Santiago Nieto o el fiasco

Hace un par de semanas escribí en este espacio que la remoción de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), bajo el único argumento de haber violado el código de conducta de la Procuraduría General de la República (PGR), de la cual depende, era una clara expresión del ADN autoritario del PRI, ese, que por más demócratas que pretendan parecer, siempre termina por definirlos.

Respecto de la misma remoción sigue habiendo cuestionamientos, por ejemplo, si el subprocurador en funciones de procurador tenía realmente la atribución de remover a un funcionario designado por el Senado de la República, como es el caso del titular de la Fepade. También siguen sin explicarse las verdaderas razones de la remoción de Santiago Nieto. ¿Qué fue lo que realmente hizo para incomodar de tal forma a los más poderosos del sistema? ¿Fue que por primera vez la Fepade a su cargo dejó de perseguir delitos menores y volteó la cara a donde está la verdadera corrupción como el desvío de recursos públicos para financiar campañas electorales? o ¿fue que verdaderamente había razones legales e institucionales que justificaran su cese?

Todas estas preguntas siguen aún sin resolverse, e independientemente de que Nieto se haya desistido del proceso de objeción de su remoción, los ciudadanos en primer lugar merecen respuestas, así como el propio Senado de la República que lo designó con más de 90 votos.

El desistimiento del extitular de la Fepade removió el piso a toda la oposición en el Senado, incluido Morena, quienes durante una semana presionamos al PRI y su aliado el Partido Verde para que tanto Santiago Nieto como Alberto Elías —quien lo despidió—, comparecieran y luego hubiera una votación transparente —como cuando se eligió al primero—, a fin de validar la remoción o reinstalarlo en el puesto. La litis se quedó sin materia, o como se diría coloquialmente, nos dejó colgados de la brocha.

Durante la segunda semana posterior a la remoción, la oposición insistió en que independiente del voto sobre el cese, las comparecencias debían llevarse a cabo, pero no hubo acuerdo posible, el PRI jugó como lo ha venido haciendo de manera más obvia desde el inicio de este periodo ordinario de sesiones: a tapar y justificar a como dé lugar los cada vez más burdos errores de su gobierno, y el Senado, una vez más, quedó a deber como órgano responsable de ejercer contrapesos y de llamar a cuentas al gobierno. Aun así, no queda más que insistir en la comparecencia de Alberto Elías para cerrar debidamente este episodio.

Por otro lado, urge que el Senado recupere su capacidad de generar acuerdos entre las fuerzas políticas porque la lista de pendientes no se agota, a diferencia del tiempo que le resta a esta legislatura. A los nombramientos de los magistrados responsables de sancionar conductas relacionadas con corrupción, al nombramiento del fiscal especializado para Delitos de Corrupción, a los magistrados de las salas regionales del tribunal electoral, ahora hay que sumar —ya en pleno proceso electoral—, el nombramiento de un nuevo fiscal para delitos electorales.

Urge pues que el Senado retome la actitud responsable que nos caracterizó los primeros años y cumplamos con lo que debemos. Sería lamentable e inaceptable que habiendo sido la Legislatura que terminó con la parálisis de años en el Congreso mexicano, terminemos paralizados nosotros mismos y por nuestra causa, varias instituciones de importancia crítica, debido a la coyuntura electoral, el encono y los intereses inmediatistas y de grupo. No sea que el fiasco que resultó el intento de objetar la remoción de Nieto termine definiéndonos de cara a la historia.