Supervisar al gobierno, un reto del Congreso
Hace unos días, la Unión Interparlamentaria y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzaron el Informe Global Parlamentario 2017: Supervisión parlamentaria: el poder del parlamento para exigir cuentas al gobierno, en el que resalta la necesidad de que ...

Laura Rojas
Agora
Hace unos días, la Unión Interparlamentaria y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzaron el Informe Global Parlamentario 2017: Supervisión parlamentaria: el poder del parlamento para exigir cuentas al gobierno, en el que resalta la necesidad de que los parlamentos de todo el mundo mejoren y ejerzan sus capacidades de supervisión a los gobiernos. El Informe agrupa en tres categorías a los parlamentos del mundo: aquellos en los que la supervisión está consolidada como parte de la normalidad política entre parlamentarios y funcionarios del gobierno; aquellos en los que la supervisión se ejerce de manera dispar, ya sea por falta de mecanismos adecuados, falta de respeto a éstos o falta de parlamentarios que los ejerzan; y aquellos en los que cualquier intento de supervisión es tomado como un desafío por parte de los gobiernos, causando, incluso, persecución y cárcel a los parlamentarios.
En México, el Congreso de la Unión y los congresos de los estados forman claramente parte del segundo grupo, ya que aunque sí tenemos una serie de mecanismos de supervisión, como las comparecencias en el pleno y en comisiones a las que están obligados los funcionarios del gobierno, o las preguntas parlamentarias que igualmente deben ser respondidas por éstos, poco efecto tienen en mejorar la acción de gobierno, que es el fin último de la supervisión.
De acuerdo con el Informe, “una supervisión efectiva conlleva que más personas participen en la adopción de decisiones, de forma que éstas reflejen mejor los intereses de la sociedad en su conjunto; mejora la rendición de cuentas y la transparencia, y disminuye la corrupción, al mismo tiempo que refuerza la legitimidad del parlamento como institución representativa, inclusiva y que responde a las necesidades de la gente. Además, existe un fuerte vínculo entre la supervisión efectiva y el desarrollo humano y económico, ya que las políticas y la legislación se ven fortalecidas a consecuencia de los procesos de examen y enmienda”.
Sin embargo, en México los beneficios de la supervisión parlamentaria no acaban de entenderse, ni por el partido gobernante en turno ni por la oposición. Las bancadas del gobierno entienden su papel más como el de un portero que debe evitar a toda costa que la oposición le meta un gol que, como parte de un poder distinto, autónomo, cuya función principal, como un solo cuerpo, además de legislar es la de generar contrapesos al gobierno. La oposición, por su parte, muchas veces utiliza los mecanismos de supervisión como un ariete electoral más que como un ejercicio serio de análisis y crítica objetiva.
En esta dinámica todos debemos entender que el paquete parlamentario incluye la supervisión como una obligación. En palabras de Gloria Hooper, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, “lo importante es poner al gobierno bajo presión, incluso si es tu propio partido el que está en el gobierno”. Eso implicaría que todos los grupos parlamentarios asumieran que, entre más y mejores mecanismos para llamar a cuentas al gobierno haya, mejor se cumple con la propia obligación y más se ayuda al gobierno a generar resultados en beneficio de la gente.
El Informe hace una serie de recomendaciones de las cuales sólo retomo las que creo son aplicables a nuestro país, como: establecer la supervisión como prioridad principal del parlamento; evaluar las fortalezas y las debilidades del parlamento en lo relativo a su función de supervisión; comprometerse con la realización de exámenes periódicos e informes sobre la forma en que el parlamento desempeña su función de supervisión; asignar un tiempo en las sesiones plenarias para la supervisión; incorporar el género y los derechos humanos en todas las actividades de supervisión; desarrollar una capacidad de investigación específica para respaldar la supervisión; generar aptitudes de supervisión y limitar las consecuencias del recambio en las elecciones; solicitar ayuda externa de la sociedad civil, otras instituciones supervisoras, y del público general; hacer que la supervisión sea consecuente manteniendo un registro; y establecer estrategias de comunicación para divulgar la labor supervisora del parlamento.
Como muchas de las instituciones mexicanas, los congresos están aún en desarrollo: tienen fortalezas, pero también tareas que siguen siendo un reto, como la supervisión al gobierno, trabajar bajo reglas de parlamento abierto o la propia transparencia y rendición de cuentas. A poco menos de un año de que concluya la Legislatura, es un buen momento para tomar la experiencia de cinco años y dar la estafeta con todo y prácticas parlamentarias renovadas.