Índice de Gestión Pública

Durante la gestión que tuvimos como equipo de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México siempre reflexionamos sobre la correcta manera de medir el adecuado ejercicio de la función pública y, sobre todo, lo relacionado con el combate a la corrupción. La forma en que hoy se determina el buen o mal papel desarrollado por un Órgano Interno de Control estatal y de una Auditoría Superior puede ser muy variada, pero, principalmente, muy subjetiva. ¿A qué me refiero?

Lo que planteo en el párrafo que antecede es que en distintas ocasiones observé que la gente se expresaba de manera positiva al escuchar que determinado órgano fiscalizador sancionaba a un número de personas servidoras públicas, entendiendo esto como un claro acto de combate a la corrupción, lo cual, sin duda, puede serlo y lo es en la mayoría de los casos. No obstante, siempre cabe la reflexión sobre si se pudo haber prevenido y no esperar a que la falta se hubiere cometido, con los agravantes que, por supuesto, conlleva la realización de tales conductas.

Derivado de lo anterior, y como un ejercicio académico para uno de los capítulos de mi tesis doctoral, inicié el desarrollo de la fórmula que titula este artículo, para estar en posibilidad de que, con datos duros, se pueda generar una cifra que mida el desempeño general de un gobierno.

Es así como se originó el Índice de Gestión Pública y Combate a la Corrupción. La fórmula está construida por tres indicadores: en su primera parte por uno denominado Desempeño Operativo (IDO), se agrega un segundo indicador llamado Reducción de Riesgos de Corrupción (IRRCO) y, finalmente, el indicador de Reducción de Riesgos de Opacidad (IRROP). Si desean informarse más ampliamente de la implementación de la fórmula, les pido que consulten el sitio Índice de Gestión Pública y Combate a la Corrupción, de Juan José Serrano, en el siguiente link: www.juanjoseserrano.mx/portfolio-collections/my-portfolio/indice-de-gest....

La fórmula se desagrega, en cada uno de sus indicadores, por elementos que, desde mi perspectiva, integran las partes más elementales de la correcta función pública y de la manera más cercana con la que podría medirse el combate a la corrupción. A saber, para el gobierno es fundamental tener un parámetro entre el universo de las presuntas irregularidades observadas por el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior estatales y aquellas que fueron efectivamente solventadas. Ello le permite estar en posibilidad de conocer el cúmulo de expedientes en investigación que podrían radicarse por los entes fiscalizadores. Esto es lo que muestra el Índice de Desempeño Operativo.

La fórmula, en su segundo indicador, está relacionada con los usuarios mayores de edad que experimentaron actos de corrupción al tener contacto con una persona servidora pública, y esto, ponderado por la proporción de asuntos con faltas graves sancionados, mediante resolución firme, por el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de la República en el que se haga la medición. Es decir, esta segunda sección de la ecuación —Índice de Reducción de Riesgos de Corrupción— podría llamarse “Factor de Legalidad”. Insisto, para observar el desarrollo de la fórmula es importante que visiten el sitio señalado anteriormente, ya que por falta de espacio es imposible transcribirlo aquí.

Se adiciona el último indicador, Reducción de Riesgos de Opacidad, que se desprende del Índice Global de Cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia generado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).

• Finalmente, el resultado de todos los indicadores señalados se suma para obtener el valor del índice; los posibles resultados están comprendidos entre 0 y 3, siendo este último el valor máximo, el cual se interpreta como una gestión con 100% de eficiencia en la gestión pública y combate a la corrupción de la entidad.