La crisis del país no es política ni moral, es histórica.
José Revueltas
Con dolor, el adiós a un amigo, Francisco Garfias
Utilizo términos despectivos para identificar periodos en nuestra historia cuando en ellos ha prevalecido el poder sobre el derecho, carecen de idealismo en la conducción del Estado y no se respetó a cabalidad la dignidad del pueblo mexicano. Sin embargo, cada uno tiene sus peculiaridades.
Juárez, Lerdo y Díaz son los precursores en la estructuración del sistema político mexicano. A pesar de sus notables diferencias, hay cierta continuidad en el diseño y la creación de instituciones. Destaca, por ejemplo, su empeño en ir mejorando el Poder Judicial. Los juristas de esos años parecen gigantes ante los que hoy tenemos en nuestros tribunales.
Aunque Díaz se ostentó como demócrata para arribar al poder, a partir de 1884 asumió el papel de dictador sin ambigüedad ni tapujos. Se le señala una enorme concentración de riqueza, pero no había condiciones para una política social que amortiguara la pobreza. Se rodeó de una clase política denominada “los científicos” e hizo alianzas con relevantes caciques locales. Su principio de gobierno fue “Orden y progreso”. Según el historiador Javier Garciadiego, en la entrevista con el periodista James Creelman (1908), Díaz “aspiraba a que se le viera como el estadista que había puesto las condiciones para que el país pudiera acceder a una etapa de libre competencia política”. Su incongruencia lo hizo fracasar, ocasionando una prolongada guerra civil.
El priato se fue conformando desde el Congreso Constituyente de 1917. Venustiano Carranza dejó de ser el primer jefe para convertirse en presidente constitucional. Lentamente, se concibieron principios no escritos en leyes, pero rigurosamente observados. El último toque se lo dio Lázaro Cárdenas con la expulsión de Plutarco Elías Calles y la designación de Manuel Ávila Camacho como su sucesor. Nuevamente se reconoció, al igual que en el Porfiriato, un mecanismo de transición para arribar a la democracia. Le dio al país estabilidad y desarrollo, pero prevalecieron la distribución injusta de la riqueza y la concentración del poder. El federalismo era una quimera. Cumplió con su diseño de medida transitoria. Sentó las bases para democratizar el país y se dio la alternancia en los tres órdenes de gobierno.
De 2000 a 2018 todos fuimos incapaces de consolidar un auténtico Estado de derecho. En el último año se instaló un sistema que se distinguía de los dos periodos reseñados. Ya no era parte de la tortuosa evolución para ser una República democrática, representativa y federal. Habíamos accedido al paraíso, a la solución de todos nuestros males: la cuarta y definitiva transformación nacional.
El discurso político se modificó radicalmente. Frases huecas, fantasías ideológicas, demagogia ramplona. La ausencia de sustento democrático es obscena. Su proclama de no ser iguales por poseer virtudes excepcionales; solamente decir verdades; conductas apegadas estrictamente a principios morales ni por asomo se ensucian las manos con dinero mal habido, resultaron negadas contundentemente en los hechos. La realidad lo grita de manera estruendosa por mucho que se pretenda negarlo.
En este espacio he insistido en las funciones del Poder Legislativo que en realidad debería denominarse Poder de Control (“el umbral de la sociedad y el Estado”). Como lo demuestran las naciones democráticas, es una institución que intenta mejorar el quehacer político, dándole racionalidad y transparencia. Es también —o debería— ser la cantera donde se decantan los liderazgos necesarios en la conducción de la República. Ahí se delibera y, en la medida que se haga con responsabilidad y preparación, se mejora el servicio público.
En otras palabras, no hay Estado de derecho sin un buen parlamento. Es un binomio insustituible al que se le ha visto con desprecio, sobre todo en el último de los tres periodos señalados. Corregirlo es un deber insoslayable.