Venimos al Congreso general para ponernos como sobre una atalaya, desde donde columbrando el conjunto de la nación, podamos proveer con mayor discernimiento a su bien universal
Fray Servando Teresa de Mier
Estas palabras fueron dichas el 13 de diciembre de 1823 ante el Segundo Congreso Constituyente mexicano. Fueron parte del discurso conocido como el de Las Profecías, pues el ilustre regiomontano criticó nuestra arraigada manía de hacer leyes que después son letra muerta. Acertadamente, mi apreciado amigo y erudito jurista Rafael Estrada Michel califica al fraile como un precursor en el señalamiento del “realismo mágico”.
Desde nuestra independencia nos definimos como una república federal, imitando a nuestro vecino del norte. Jesús Reyes Heroles, identificándolo con el liberalismo, sostenía que, si no hubiéramos tenido ese ejemplo, lo habríamos inventado, pues correspondía a nuestra realidad geopolítica. Sin embargo, adoleció de una falla de origen: no se deslindaron con claridad los tres órdenes de gobierno. Por lo tanto, carecimos de una auténtica descentralización, vacío que ocupó la autoridad federal.
En la Constitución de 1857 se incorporó, imitando la Enmienda 10 de la Carta Magna estadunidense en nuestro artículo 124, uno de los pocos que no se ha modificado. Las facultades que no están expresamente concedidas en esa constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. Se conoce como el “método residual”. Esto es, el poder central reduce su competencia a lo estrictamente señalado por la ley y todo lo demás corresponde a los órdenes estatales y municipales.
El problema radica en que las reformas posteriores concedieron al Congreso (artículo 73, el más modificado de nuestro texto), todas las atribuciones habidas y por haber para legislar. En otras palabras, la división de Poderes, identificada como vertical, no fue tal pues las atribuciones se quedaron en la cúspide.
Lo anterior fue una derrota jurídica del federalismo. Posteriormente, en los hechos, desde la secretaría de Gobernación se agregó una más, las renuncias súbitas de ejecutivos estatales. Del año 1929 al 2000, fueron “renunciados” 49. Cabe resaltar que, en los sexenios de este siglo, al no sentirse amenazados en las entidades federativas, devinieron feudos de poder. Ejemplo palpable de lo difícil que es lidiar en la búsqueda del equilibrio.
El partido hegemónico vino a ser otra pieza más del poder concentrado. Hoy estamos ante el mismo desafío del inicio de nuestra vida independiente.
Dos casos demandan un análisis objetivo: Sinaloa y Chihuahua. Partamos de una afirmación contundente. Ni en Sinaloa hay una injerencia ilegal ni en Chihuahua se ha violado la soberanía nacional. ¿Perseguir delincuentes siguiendo los cauces legales es un atentado a nuestra vida institucional? ¿Agentes de un gobierno extranjero contemplando el desmantelamiento de un laboratorio para producir drogas violan nuestra soberanía y sacuden los cimientos de la nación?
Asombran todos los días las abominables acciones del poder público demoliendo principios elementales. A pesar de nuestra historia deshonrosamente rica en acciones similares, las actuales autoridades invaden todos los peldaños de la ilegalidad.
La política es un trabajo de concordia, no es posible otra interpretación. Todos los estados tienen arraigados sentimientos locales, Chihuahua es un buen ejemplo. Puede ser constatado desde hace 40 años, ahí inició la transición a la democracia. Hoy, mi valiente colega de la LX Legislatura, Maru Campos Galván (aquí sí, al llegar ella, llegaron todos), defiende su gobierno. Debe ser nuestra prioridad solidarizarnos con ella. En los tiempos que vivimos es un despropósito generar un conflicto artificial desde la misma presidencia del país.
Como dice el refrán, “hay tiempos de tirar cohetes y tiempos de recoger varas”. Si esto no se entiende, seguiremos desgastándonos en rencillas, mezquindades y disputas de poder.