¿Qué es lo estratégico?

Invocar el pasado para disimular el presente es argucia de seres que no ven con franqueza hacia el porvenir.

Jaime Torres Bodet

Hay términos que al utilizarse en el lenguaje jurídico devienen sacrosantos, se tornan mágicos, algunos le llaman “palabras comadrejas” porque chupan a otras su significado. Tal es el caso del concepto “estratégico”, incorporado a los artículos 25 y 28 constitucionales en 1983. Ni en la exposición de motivos de la iniciativa ni en el debate se definió con claridad qué se pretendía.

Según el diccionario, estrategia es: “El arte de coordinar las acciones y de obrar para alcanzar un objetivo”. El término es de origen militar y proviene de los vocablos griego stratos (ejército) y agein (conductor, guía). En principio evoca conducir inteligentemente las políticas públicas para obtener determinados fines, aunque también hay un propósito proteccionista: evitar inversiones de particulares, nacionales o extranjeros, en áreas que pudieran ser peligrosas o delicadas para la seguridad nacional. Se trasmite una idea del nacionalismo revolucionario: defenderse de agresiones externas. Podría también inferirse, como lo señaló el entonces diputado Genaro Borrego, a una defensa de la soberanía en materia de energía y de garantía de autoabasto. Lo cierto es que hemos abusado del término soberanía, una abstracción jurídica surgida en el siglo XVI en el afán de proteger el poder temporal y vigorizar al Estado.

¿Hoy nos diría algo lo estratégico, cuando importamos la mitad de la gasolina consumida en México, dos terceras partes de productos petroquímicos y una tercera parte de gas natural?

Cuauhtémoc Cárdenas recientemente dijo: “Al avalarse esta modificación, el Estado perdería la exclusividad del manejo de estas actividades para que cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, pueda comprar los bienes de Pemex y la CFE”. ¿Quién compra hoy 85% del petróleo crudo que exportamos? Los estadunidenses que sí pueden procesar en su territorio esa materia prima para después vendernos los insumos energéticos.

Afirma Cárdenas: “Pemex y la CFE podrían ser desplazados, echados fuera, de manera absoluta de la actividad petrolera y eléctrica. Además, quedarían sujetos a lo que establece el TLC de América del Norte”. ¿Pueden hoy Pemex y CFE ofrecer los productos que requiere el desarrollo nacional a precios competitivos? ¿Los puede garantizar en el corto y mediano plazo?

Tal parece que la autodenominada izquierda busca profundizar nuestra dependencia y proteger a las empresas extranjeras a las que tendríamos que acudir para satisfacer las necesidades nacionales.

El Estado mexicano tiene como primer deber darle el mejor destino a los recursos que el pueblo le otorga. ¿Es conveniente inyectarle más presupuesto a Pemex y CFE con los pésimos resultados ofrecidos hoy en día? La riqueza del subsuelo mexicano tiene un valor relativo y solamente se concretiza cuando ya está en la superficie. Evidentemente, quienes vengan y hagan esa tarea tienen el propósito de hacer negocios, son empresas que buscan beneficios a cambio de sus aportaciones. Por lo tanto, se debe ofrecer un marco jurídico que dé certidumbre y atraiga inversión, única forma de generar empleo.

Desde hace muchas décadas esa izquierda tiene los ojos en la nuca y sigue viendo al pasado. Las condiciones actuales exigen lo mismo que sostenía el gran diputado michoacano Francisco J. Mújica en el Constituyente de 1917: concurrencia y competencia.

Hoy en día, la única área estratégica realmente justificable del artículo 28 constitucional es la acuñación de moneda. En lo demás, el Estado ha demostrado insuficiencia e ineficiencia.

Mantener conceptos ambiguos en nuestra Constitución sólo contribuye a la confusión y al engaño. De proclamas inútiles y expresiones demagógicas está saturado nuestro deteriorado Estado de derecho.