Eslabón perdido

Las autoridades culturales de México han hecho de la carta un instrumento popular para atrapar la atención de las marcas comerciales que utilizan diseños de los pueblos originarios sin el debido crédito, así como para intentar contener la venta de piezas prehispánicas en subastas internacionales. En el primer caso ha funcionado más o menos bien, pero, en el segundo, la respuesta no ha sido la esperada, especialmente en Francia. Un ejemplo es el del 26 de octubre de 2021, cuando Alejandra Frausto, titular de Cultura, envió una misiva oficial a la casa Christie’s de París, en la que manifestó el rechazo del gobierno mexicano a la subasta Pre-Columbian Art & Taino Masterworks from the Fiore Arts Collection, con 72 piezas arqueológicas. La venta se consumó el 10 de noviembre.

Lo que no sabíamos es que, el 29 de octubre, Cécile Verdier, presidenta de Christie’s Francia, respondió al llamado de Frausto con una misiva, obtenida por este espacio, en la que expuso lo siguiente: “Puede estar segura de que Christie’s ha llevado a cabo la debida diligencia en relación con la procedencia de estos bienes y se abstiene, en cualquier caso, de vender cualquier bien cultural respecto del cual exista un motivo razonable para creer que tendría un origen ilícito o que su venta sería contraria a la ley francesa”.

Y agregó: “Salvo que nos equivoquemos, su carta no detalla específicamente los bienes concernientes a su solicitud ni los elementos que permitan establecer que se trata de bienes provenientes del saqueo o del tráfico ilícito. Bajo estas condiciones, no podemos responder a su solicitud”.

Diez días más tarde, la SC envió una segunda carta con el dictamen del INAH, que dirige Diego Prieto, con las piezas reclamadas —que se suman a una larga cadena de eslabones perdidos—, pero sin pruebas que sustentaran su origen ilícito. Bueno, bajo ese argumento, ¿qué subastadora estaría impedida para vender?

Quizá los dictámenes del INAH podrían aportar más datos y no sólo la descripción de materiales y fechas de elaboración, sino el sitio del que fueron extraídas, copia de la demanda que se tramitó en México y si ésta llegó a la base de datos de obras robadas de Interpol. Porque suena ilógico exigir la devolución de patrimonio robado sin ubicar la fecha y el lugar del que fue sustraído. ¿Cómo pelear jurídicamente piezas que el propio INAH reconoce hasta que las descubre en una subasta?

Está bien que se condene el robo con exhortos y cartas de buenas intenciones. Se pueden hacer hashtags ¡y hasta camisetas!, pero falta el trabajo interno, la ubicación de saqueos en México, detectar los primeros eslabones del tráfico ilícito e investigar la compra-venta de piezas prehispánicas en redes sociales. Es más importante que las autoridades concreten, al fin, la prometida policía mexicana especializada en patrimonio, al estilo de la Unidad de los Carabineros para la Tutela del Patrimonio Cultural, anunciada en 2018, retomada por Frausto en marzo de 2019 y ordenada desde la Presidencia, en septiembre pasado, sin que hasta hoy exista mayor noticia.

Además, el INAH debería garantizar la protección de los yacimientos arqueológicos inexplorados, y la SC explicar cómo ayudará, en estos casos, el Convenio de UNIDROIT sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre, el cual, dijo Frausto, “amplía las posibilidades de lograr la recuperación de piezas arqueológicas que fueron extraídas ilegalmente del país”.

Y mientras se atiende todo esto, Diego Prieto podría informar por qué hay una petición en Change.org, en la que la arqueóloga Carmen Rojas pide detener “los planes de construcción del Tren Maya sobre las cuevas y cenotes de Quintana Roo”. ¿Cuál es el reporte?