Reforma electoral 2026

En los últimos 25 años, México ha vivido alternancias que permitieron a distintas fuerzas políticas ejercer el poder. Sin embargo, este recorrido también dejó un desgaste profundo en el aparato electoral. Lo que alguna vez fue un sistema robusto, hoy se observa excesivo, costoso, duplicado y distante de la ciudadanía. Por ello, la discusión sobre una reforma electoral no sólo es pertinente: es indispensable. Modernizarlo implica fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y avanzar hacia un modelo de democracia que sea participativa y no imperativa, es decir, una democracia que responda a los intereses de la nación y no al interés de las cúpulas partidistas.

La autonomía del árbitro electoral debe preservarse, sin duda, pero su estructura burocrática requiere una revisión urgente. Mantener organismos que sólo funcionan con intensidad cada tres años, mientras consumen presupuesto todos los días, es insostenible. No puede haber organismos costosos que trabajen por ciclos ni estructuras que se activan sólo cuando hay elecciones. Asimismo, el financiamiento a los partidos políticos debe repensarse. Hoy vivimos en un país donde conviven partidos ricos con ciudadanos pobres, prerrogativas millonarias con escasa transparencia, y gastos que no siempre se justifican. Se necesita un recorte sustancial al financiamiento y una fiscalización estricta que obligue a rendir cuentas peso por peso, para evitar que recursos públicos terminen en lujos innecesarios, cenas opíparas o beneficios personales sin relación alguna con la función pública.

Otro punto que ya no admite evasivas es la representación plurinominal. En su momento fue necesaria para dar espacio a minorías políticas, pero hoy ese principio se ha distorsionado. La ciudadanía observa con desconcierto cómo 200 diputados llegan al Congreso sin recibir un solo voto directo, instalados mediante listas elaboradas por los partidos donde caben familiares, parejas, operadores y amigos. Ese mecanismo, convertido en instrumento de nepotismo y reparto interno, dejó de cumplir cualquier función democrática. La representación debe provenir del voto ciudadano y no de acuerdos cupulares.

A esta revisión profunda debe sumarse un paso ineludible hacia la modernización tecnológica. México no puede seguir organizando elecciones como hace 30 años. La incorporación de urnas electrónicas confiables y auditables permitiría ampliar la participación y reducir costos. Esto beneficiaría especialmente a los mexicanos que viven en el extranjero, quienes enfrentan actualmente barreras logísticas para ejercer su derecho al voto. Y más aún: avanzar gradualmente hacia un sistema de votación electrónica o virtual para toda la ciudadanía permitiría eliminar enormes gastos materiales, simplificar la operación electoral y ofrecer auditorías más precisas y transparentes. La tecnología, bien aplicada, no amenaza la democracia: la fortalece. El tema de la reelección de congresistas y presidentes municipales debe revisarse a fondo. Madero y Pino Suárez murieron por el “Sufragio efectivo, no reelección”.

La reforma electoral de 2026 debe responder a un objetivo mayor: construir un sistema que ponga al ciudadano al centro, que garantice elecciones claras, accesibles, eficientes y con plena rendición de cuentas. No se trata de favorecer al gobierno en turno ni de beneficiar a la oposición; se trata de fortalecer a la nación, de dar certeza al voto, de limpiar los excesos y de construir instituciones ágiles, eficientes y verdaderamente democráticas. La participación ciudadana debe dejar de ser un acto esporádico cada tres años y convertirse en una práctica viva. La democracia mexicana puede y debe evolucionar con reglas claras y justicia que no deje dudas. Y el momento para hacerlo es ahora, ¿o no, estimado lector?