Reforma al Poder Judicial en México y EU (2)
En México, estamos ante el umbral de lo que habrá de llamarse la democracia judicial o en la impartición de justicia. Así, mutatis mutandis, como en materia educativa, el criterio que orientará a la impartición de justicia será democrático, considerando a la ...
En México, estamos ante el umbral de lo que habrá de llamarse la democracia judicial o en la impartición de justicia. Así, mutatis mutandis, como en materia educativa, el criterio que orientará a la impartición de justicia será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino también como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
La democracia judicial será un proceso que se inicie con la reforma a la estructura, en los cimientos mismos del sistema. El comienzo es la designación de ministros, magistrados y jueces por el pueblo, pero con cuidado y cautela, que se sustraiga de la política, más no del gobierno porque también se gobierna impartiendo justicia.
Una reforma judicial como la que actualmente se plantea debe ser una oportunidad de buscar una nueva forma de hacer de quien imparte justicia una persona que recoja el sentir de la población, orientada por el derecho y la justicia.
La reforma no busca reducir, limitar o restringir la independencia del Poder Judicial ni dificultar la defensa de los derechos de los particulares ni afectar su esfera de derecho, sino por el contrario, su propósito es ampliar las oportunidades de justicia para toda la población.
Cada nación vive su propia experiencia en los mecanismos que adopta para dirimir sus conflictos sociales. Estados Unidos, considerado por muchos como el arquetipo de las libertades y del Estado de derecho, no puede sustraerse a las prácticas aviesas, a la corrupción ni a los entuertos sociales. El reciente diagnóstico del presidente Joe Biden ha sido contundente. Coloca a la Corte en la palestra del cuestionamiento ético. Está sumida en una crisis de ética que compromete su imparcialidad e independencia y advierte una situación de riesgo.
La crisis de los sistemas judiciales y el comportamiento imparcial y fuera de la ética de los jueces es tan antiguo como universal, como universal debe ser la solución a este grave flagelo. La solución requiere voltear a ver al pueblo e involucrarlo y hacerlo partícipe directo en la designación de los mejores perfiles de quienes habrán de ejercer la noble tarea de decir el derecho y darle a cada uno lo suyo, lo que le corresponde conforme a derecho.
Elegir a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal no gusta a todos los integrantes de la academia, por la supuesta pérdida de autonomía y subordinación frente a sus pares, los otros Poderes y, por supuesto, tampoco gusta a los actuales detentadores del sistema judicial actual, pues la incertidumbre de perder su empleo es aterradora al considerar que su futuro se les está cancelando.
Consideran que el partido dominante (Morena) será, quien, mediante la movilización de sus militantes, instale a sus cuadros en estos cargos perdiendo independencia e imparcialidad y, ciertamente, los legisladores tendrán que meter candados al proceso de elección para que esto no suceda.
Seguramente están revisando las experiencias de otros países que ya usan el sistema electoral, mediante el voto popular para elegir a sus impartidores de justicia, como Japón, Bolivia, Suiza y Estados Unidos.
En Bolivia, desde 2011, posterior a la aprobación de su nueva Constitución de 2009, eligen a los jueces de manera directa con la condicionante de que los candidatos no estén afiliados a partido alguno.
En Estados Unidos, en algunos de los estados, eligen a jueces y magistrados por voto popular. Éstos previamente son propuestos por una comisión judicial y, dependiendo de cada estado, pueden ser partidistas o no.
En Suiza, el parlamento elige a sus jueces federales, pero en algunos estados independientes, llamados cantones, son electos por voto popular.
Japón tiene un sistema mixto, los jueces de la Suprema Corte son designados por el Poder Ejecutivo y cada 10 años deben someterse a una votación popular para ser ratificados.
Los legisladores harán su tarea siempre preservando el interés público, las libertades y los derechos humanos de los nacionales. ¿O no, estimado lector?
