Durante años, Estados Unidos ha construido un relato cómodo y políticamente funcional: la crisis de los opioides es consecuencia directa del crimen organizado extranjero, particularmente el mexicano. El imperio del dolor, de Patrick Radden Keefe, desmonta esa narrativa con una precisión inquietante. La tragedia no nació al sur del Río Bravo ni en rutas clandestinas internacionales; se gestó en laboratorios, oficinas corporativas y salas de juntas dentro del propio territorio estadunidense, bajo el amparo de una poderosa empresa farmacéutica: Purdue Pharma.
Keefe reconstruye la historia de la familia Sackler, símbolo de éxito, prestigio académico y filantropía cultural, para revelar lo que se ocultaba detrás de museos, universidades y donaciones millonarias: una estrategia empresarial que convirtió la adicción en modelo de negocio. OxyContin no fue un error médico ni una consecuencia imprevista; fue una apuesta calculada. Se promovió como un analgésico seguro, se minimizó deliberadamente su potencial adictivo y se presionó a médicos para recetarlo de forma masiva. Todo ello ocurrió con el aval —explícito o tácito— de las instituciones regulatorias encargadas de proteger la salud pública, incluida la Food and Drug Administration (FDA).
La pandemia de opioides no fue una cadena de decisiones conscientes: ocultar datos, manipular estudios clínicos, negar evidencias y priorizar ganancias sobre vidas humanas. El resultado fue devastador: cientos de miles de muertes, comunidades enteras destruidas y un sistema de salud rebasado. Mientras tanto, los responsables permanecieron durante décadas protegidos por abogados, silencios institucionales y una filantropía cuidadosamente diseñada para lavar reputaciones.
Este contexto resulta indispensable para comprender el discurso político actual en Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha insistido en señalar al exterior como responsable de la crisis del fentanilo, solicitando al gobierno mexicano una cooperación reforzada para erradicar al crimen organizado. México ha respondido con creces. Nunca antes se había observado un nivel de colaboración tan amplio: miles de detenciones, incautaciones históricas de droga, aseguramientos de laboratorios clandestinos y una coordinación sin precedentes en materia de seguridad. Bajo la conducción de Omar García Harfuch se ha intensificado la persecución del crimen organizado transnacional, incluyendo la entrega de delincuentes de alto perfil a autoridades estadunidenses, incluso en coordinación directa con el FBI y con casos que involucran redes criminales provenientes de otros países, como Canadá.
Sin embargo, esta cooperación real, documentada y sostenida no ha sido suficiente para modificar el discurso oficial. En lugar de atender las causas estructurales del consumo —la crisis de salud pública, la desatención a veteranos de guerra, el abandono educativo y cultural, y la responsabilidad directa de la industria farmacéutica—, el gobierno estadunidense ha optado por externalizar la culpa. El problema se desplaza hacia el migrante, el extranjero, el “otro”.
Esta estrategia no sólo evade responsabilidades internas, sino que ha derivado en una política exterior errática, marcada por amenazas, tensiones comerciales e intromisiones en asuntos de otros países e incluso de otros continentes. Mientras se generan conflictos internacionales, los problemas domésticos permanecen intactos: millones de adictos, comunidades empobrecidas y un sistema que se niega a mirarse al espejo.
El imperio del dolor no es sólo una denuncia contra una familia poderosa; es una radiografía de un modelo económico y político que prefiere exportar culpas antes que asumir errores. Leer este libro es aceptar una verdad incómoda: la crisis de los opioides nació en su casa, fue validada por instituciones y utilizada políticamente para desviar la atención.
Cuando el dolor se convierte en negocio y la culpa se traslada al exterior, la justicia no sólo llega tarde: simplemente no llega. ¿O no?, estimado lector.