El rediseño institucional de la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el liderazgo de Ernestina Godoy Ramos abre un nuevo capítulo en la procuración de justicia en México. La presentación del Plan Estratégico 2026–2029 no es únicamente un ejercicio programático; es, en sentido estricto, una declaración de intenciones frente a uno de los problemas estructurales más persistentes del país: la impunidad.
El eje rector del plan parte de una premisa fundamental: colocar a las víctimas en el centro del sistema. Esta orientación implica un giro relevante respecto de modelos tradicionales que privilegiaban la inercia burocrática o la lógica de resultados cuantitativos sobre la justicia sustantiva. La promesa de erradicar la “fabricación de culpables” y sustituirla por investigaciones sustentadas en inteligencia científica y rigor técnico no sólo responde a una exigencia ética, sino también a la necesidad de reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
El documento también plantea una reingeniería interna orientada a desmontar prácticas arraigadas de opacidad y burocracia acomodaticia, siendo una debilidad institucional que no se explica únicamente por factores externos, sino por inercias internas que han limitado históricamente la eficacia de la FGR.
Otro componente central del plan es la coordinación interinstitucional. La articulación con fiscalías estatales y organismos federales de seguridad busca superar la fragmentación que ha caracterizado la respuesta del Estado frente al crimen organizado. La estrategia de focalización territorial —con base en la clasificación de municipios según su densidad delictiva— introduce un criterio de priorización que, de aplicarse con disciplina, podría optimizar recursos y generar impactos medibles en zonas críticas.
Asimismo, la insistencia en una justicia sin persecución política y sin “carpetazos” en casos sensibles —como el combate al huachicol— apunta a blindar la actuación de la Fiscalía frente a presiones coyunturales. Este elemento no es menor: la credibilidad de una institución autónoma se construye, precisamente, en su capacidad para actuar con independencia y consistencia, incluso en escenarios de alta complejidad política.
Desde una perspectiva normativa, la fiscal Ernestina Godoy reconoce la necesidad de fortalecer el entramado jurídico que permita desarticular estructuras delictivas complejas. La procuración de justicia no puede reducirse a la gestión de expedientes; constituye el cimiento sobre el cual descansa el contrato social, la estabilidad democrática y la paz pública. En este sentido, la FGR está llamada a trascender la lógica administrativa para consolidarse como un verdadero instrumento de garantía de derechos.
Cabe subrayar, además, que el plan ha sido remitido al Senado de la República, lo que introduce un componente de revisión institucional que puede enriquecer su alcance y fortalecer su legitimidad. La apuesta es clara: un Estado que actúe de manera unida, sin fragmentación, frente a la delincuencia.
Finalmente, más allá del contenido técnico del documento, existe un elemento que no puede soslayarse: la trayectoria de quien encabeza este esfuerzo. Me consta, por experiencia directa, la capacidad de trabajo, la disciplina institucional y el compromiso de Ernestina Godoy Ramos. Haber colaborado con ella en etapas previas de su gestión permite afirmar que los planes no se conciben como ejercicios retóricos, sino como instrumentos de acción con metas verificables y resultados medibles. Esa experiencia práctica dota de credibilidad a la ambición del Plan 2026–2029.
México demanda justicia con urgencia. La eficacia de este proyecto no dependerá únicamente de su diseño, sino de su implementación sostenida. Sin embargo, si la congruencia entre planeación y ejecución se mantiene, la FGR avanzará de manera significativa en la reducción de la impunidad y en la construcción de un sistema de justicia que, finalmente, responda a las expectativas de la sociedad. ¿O no, estimado lector?