La Facultad de Derecho de la UNAM conmemoró 75 años de su establecimiento en Ciudad Universitaria, reafirmando su papel como una institución fundamental en la construcción del pensamiento jurídico en México. El rector Leonardo Lomelí destacó su contribución a la expansión de las libertades y al fortalecimiento de la vida democrática del país. A lo largo de su historia, sus egresados han ocupado posiciones clave en los Poderes de la Unión y en diversas instituciones, incidiendo directamente en la configuración del Estado mexicano y en la defensa del orden constitucional.
Durante la ceremonia, se reiteró el compromiso de la Facultad con la formación de juristas de excelencia, no sólo desde el punto de vista técnico, sino también ético. La directora, Sonia Venegas Álvarez, subrayó la necesidad de actualizar los planes de estudio, impulsar el bilingüismo y fortalecer la vinculación nacional e internacional, así como consolidar una perspectiva de equidad de género acorde con los desafíos contemporáneos.
La presencia de exdirectores —Máximo Carvajal Contreras, Leoba Castañeda Rivas, Fernando Serrano Migallón, Raúl Contreras Bustamante y Ruperto Patiño Manffer— reflejó la continuidad de una tradición jurídica sólida, construida a lo largo de décadas de compromiso académico e institucional.
Este legado se remonta a 1553, con la creación de la Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, primera en América Latina. Desde entonces, la enseñanza del derecho ha evolucionado paralelamente a la historia nacional, consolidándose en Ciudad Universitaria hace 75 años.
Conmemorar este aniversario implica reflexionar sobre la función esencial del derecho en la actualidad. El derecho no es sólo un conjunto de normas, sino un sistema histórico de límites al poder, construido a partir de tratados, convenciones y acuerdos que buscan evitar la arbitrariedad y garantizar la dignidad humana.
El Estado detenta el monopolio legítimo del uso de la fuerza, pero es el derecho el que lo condiciona. La legalidad no autoriza el abuso: establece límites claros bajo principios como la proporcionalidad, la razonabilidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Cuando estos límites se vulneran, se erosiona la legitimidad del poder.
En el escenario internacional contemporáneo, los conflictos armados y las tensiones geopolíticas evidencian una preocupante relajación del respeto al derecho internacional. Con frecuencia, decisiones que se justifican en términos estratégicos o geoeconómicos encubren intereses de poder que desbordan los marcos jurídicos. La historia demuestra que cuando el poder se separa del derecho, surgen los excesos, recordándonos etapas de decadencia institucional como las del mundo clásico.
De ahí la urgencia de fortalecer la cultura jurídica. No se trata de un ejercicio teórico, sino de una condición indispensable para preservar el Estado de derecho. El derecho internacional y el derecho internacional humanitario constituyen límites civilizatorios que protegen a las personas incluso en contextos de conflicto. Su vulneración implica un retroceso que no puede y no debe normalizarse.
Asimismo, la desigualdad estructural continúa siendo uno de los principales desafíos globales. Combatirla requiere marcos normativos eficaces, políticas públicas coherentes y sistemas de justicia que funcionen. La impunidad y la violencia debilitan las instituciones y afectan directamente la cohesión social.
En este contexto, la defensa de la democracia exige rechazar prácticas que normalizan el odio, la exclusión y el desprecio por la vida humana. El derecho debe ser un instrumento de contención frente a esos riesgos y un medio para construir justicia social.
A 75 años de su consolidación en Ciudad Universitaria, la Facultad de Derecho de la UNAM no sólo representa una herencia académica, sino además una responsabilidad vigente: formar juristas capaces de construir instituciones públicas, fortalecer el orden jurídico y contribuir a la construcción de sociedades más justas, igualitarias y humanas, ¿o no estimado lector?