Pautas electorales: negocio rentable
¿Cómo olvidar la escena pública de septiembre del 2007, en la cual los representantes de los principales medios de comunicación increpaban a los senadores de la República por la aprobación de la Reforma Electoral que establecía un nuevo modelo de comunicación ...
¿Cómo olvidar la escena pública de septiembre del 2007, en la cual los representantes de los principales medios de comunicación increpaban a los senadores de la República por la aprobación de la Reforma Electoral que establecía un nuevo modelo de comunicación política. Se trataba, ni más ni menos, de la escena perfecta donde los patos le tiran a las escopetas, debido a que el Estado se atrevía a arrebatarles el negocio de la venta directa de tiempos de radio y televisión para fines electorales.
A partir de esa reforma, se estableció la prohibición constitucional para que ninguna persona física o moral pudiera contratar propaganda electoral para influir en las preferencias políticas. Desde entonces, la autoridad electoral federal se ha convertido en la única instancia facultada para administrar los tiempos de la propaganda política, con lo cual se ha contribuido a generar mejores condiciones de equidad en las contiendas electorales, así como a minar, de forma paulatina, intereses ilegítimos entre algunas empresas de comunicación y el poder político.
Queda claro que, producto de dichas reformas, hoy las principales televisoras privadas del país ya no hacen el mismo negocio de antes con la propaganda política en radio y televisión.
Por lo mismo, no han cesado de intentar darle la vuelta a la reforma con los denominados incomerciables políticos que a diario transmiten en sus espacios noticiosos.
La novedad es que ahora buscan lucrar con el proceso electoral en curso, pues pretenden cobrar a otros concesionarios —los de televisión restringida satelital— por permitirles la retransmisión de la publicidad de los partidos políticos y candidatos a otro (pautas electorales).
El problema radica en que un particular le tenga que “permitir” a otro poder cumplir con una obligación constitucional en materia electoral, olvidándose que en la calidad de concesionarios del espectro radioeléctrico se conlleva el deber de prestar un servicio público, cuya rectoría está en manos del Estado y no de las empresas.
Ahora el ingenio no tiene límite y se pretende cobrar más de 150 millones de pesos a los suscriptores de la televisión de paga satelital, argumentando que la señal de televisión abierta, que contiene la pauta electoral federal, es una señal distinta a la que por ley hoy ya se retransmite de manera gratuita. Otro argumento que oponen, para lograr este lucro indebido, consiste en sostener que la programación que acompaña a las pautas electorales conlleva derechos autorales del “talento artístico”.
Se trata, ni más ni menos, que de una estrategia para boicotear la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicación del año 2013, que impone la obligación de permitir la retransmisión de las señales radiodifundidas (abiertas) de forma gratuita, no discriminatoria, sin modificaciones y con la misma calidad de señal (must carry y must offer).
El problema se presenta cuando ahora las nuevas disposiciones en materia electoral imponen a los concesionarios de televisión restringida el deber de retransmitir las pautas electorales con las modificaciones necesarias para que la imagen de un candidato local no se reproduzca en toda la República.
Desde el mes de diciembre se ha insistido en la necesidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ejerza un papel más activo como autoridad e imponga los criterios para fijar los derechos y deberes que a cada una de las partes le corresponde para dar cumplimiento a la obligación de permitir la retransmisión de las pautas.
Recientemente, el Tribunal Electoral ha establecido que sí existe un deber de colaboración de las concesionarias de televisión abierta respecto de los de televisión restringida satelital, y que se debe dar sin ánimo de lucro y de forma que no resulte gravosa ni desproporcionada.
En los próximos días está por verse la independencia e imparcialidad del Instituto Nacional Electoral para que prevalezca el interés colectivo sobre los intereses privados de las televisoras. De permitirse una vez más que se lucre con los bienes electorales, se estaría generando una importante fisura al modelo de acceso a radio y televisión que ha venido operando desde el 2007 a favor de la equidad y que necesariamente ha implicado dejar de ver las pautas electorales como un negocio rentable.
*Abogado y extitular de la Fepade