Prisión preventiva y ley fuga

En memoria de José Crisanto Sánchez Miranda.

La Suprema Corte ha bien resuelto un tema de libertad provisional o de prisión preventiva. En realidad, estos vocablos son las dos caras de una misma moneda. El procesado y aún no sentenciado está entre esas dos posibilidades, cuyos nombres son espantosos. La libertad sin certeza, pero provisional. Y la prisión sin sentencia, pero por si acaso se ofreciera.

De nueva cuenta, como hace 10 y como hace 20 años, ha vuelto a surgir la polémica entre ambas figuras. Ahora se trató de la llamada prisión oficiosa. La que impone la ley sin la voluntad del juez ni del acusador ni del acusado. Pero queda pendiente otra prisión preventiva. La discrecional o justificada, que la decreta el juez a su libre criterio y deseo.

La materia de la reciente resolución ha sido la tributaria. Me queda en claro que el fisco no requiere de leyes impresentables. Los procuradores fiscales han sido magníficos abogados y el actual, Carlos Romero Aranda, es, además, un especialista en asuntos penales. Ha logrado victorias penales fiscales por sus propios méritos, sin las ayudas de la ley o de los jueces. Ha ganado a la buena y no a la mala.

Pero, otra vez, como hace 30 y 40 y 50 años, debemos decidir si queremos ley justa o ley fuga. No se trata de alcahuetear a los criminales, sino de no ajusticiar a los inocentes. Aquéllos deben penar completo y sin rebajas. Éstos no debieran sufrir de balde.

He visto la vida jurídica desde todas las trincheras. He sido abogado de presidentes y, por el contrario, he sido legislador de oposición. Siempre tuve suerte y me fue muy bien. He sido jefe de fiscalía acusadora y, por el contrario, he sido jefe de bufete defensor. Siempre tuve suerte y me fue muy bien. Conozco cómo se mueve el poder y cómo se mueve la justicia.

Ya no es fácil que me engañen ni que me tanteen. No me marean las conferencias de los juristas ni me engañan los discursos de los políticos. Soy de ellos y soy como ellos, porque soy abogado y político. Sé que, casi siempre, a ambos los mueven nobles intenciones. Pero también sé que todos hemos cometido fuertes equivocaciones.

Casi todos los abogados prefieren la libertad provisional porque les parece monstruosa una prisión sin sentencia. Y casi todos los políticos prefieren la prisión preventiva, porque la libertad bajo fianza les parece una multa que sustituye a un castigo. Como defensor, sé que la libertad bajo fianza facilita los honorarios. Como fiscal, aprendí que la prisión preventiva facilita los aplausos. No soy un cínico. Soy un experimentado realista que gusta de compartir sus experiencias.

En mi librito Teoremas constitucionales escribí hace casi diez años que la fórmula jurídica de la libertad discrecional revela un absoluto desconocimiento del funcionamiento de la prueba judicial.

En la mayoría de los 14 supuestos de procedencia de la prisión preventiva tendrán que comprobarse hechos futuros, pero el futuro no tiene prueba posible. Que el inculpado se sustraerá al proceso y a sus comparecencias, hecho futuro. Que el inculpado perturbará el desarrollo de la investigación, también hecho futuro. Que el inculpado dañará a la víctima, a los testigos o a la comunidad, hechos futuros. Luego, entonces, ¿cómo podrá resolver el juez sin pruebas? Tan sólo suponiendo. Es decir, presunción de culpa.

México hoy tiene más prisioneros sin sentencia que sentenciados porque, como dijo Marcel Planiol, a los culpables es más fácil elegirlos que encontrarlos.

Cinco décadas de abogacía me han demostrado que los delincuentes no le temen a la cárcel, así como los pilotos no le temen al avión. Para ellos, la delincuencia es su profesión y su vocación. Son los inocentes los que le temen a la cárcel. No es cierto que el que nada debe nada teme, frase ingenua de las abuelas. En realidad, es al revés. Les juro que he conocido a miles de criminales y a miles de inocentes. Les aprendí que la prisión preventiva no es el palo adecuado para esa piñata.