Entre el fuego eterno y la luz perpetua

En el reciente y estridente asunto de Los 29, estamos entre los ilusos que creen en el paraíso y los paranoicos que creen en el infierno. Así sucede en muchos episodios de la vida y en casi todos los capítulos de la política.

Para evitar que unos y otros nos aturdan y nos alucinen, debemos escuchar a aquellos que sí tienen la sensatez, la mesura y la madurez con la que se atienen tan sólo a las ideas concretas y a los hechos reales.

Es por eso que, en el caso de Los 29, hay los que se escandalizan porque dicen que se cometieron muchísimas violaciones al debido proceso legal. Que éstas tienen que ver con la prescripción de los delitos, con la aplicación de la pena capital, con el doble enjuiciamiento o non bis in idem, con la extradición de nacionales, con la regla de especialidad, con la intervención de las cancillerías, con la extradición sumaria, con los consentimientos expresos del acusado y con una docena más, que no menciono porque no soy el abogado ni de los buenos ni de los malos, ni regalo ideas.

No dudo que esas pringas hayan salpicado el operativo. Pero yo le diría a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum que ya no se preocupe por eso. Si los acusados quieren alegar, no sería ante ventanilla mexicana, sino ante corte estadunidense. Nuestros vecinos son los interesados y a ellos les corresponde defender su logro, no a México.

Por otro lado, están los que consideran este operativo como un gran éxito de nuestro gobierno. Yo, tampoco dudo de los méritos que esto implica, así como vale este esfuerzo tan bien diseñado y tan exitosamente logrado. Éste refuerza la esperanza de que las autoridades mexicanas invierten esfuerzos y logran éxitos.

Es insólito en México, y quizá en el mundo, el traslado y la entrega de ese número de procesados, muchos de ellos de alto perfil delincuencial. También me parece muy inteligente la deliberación de evitar la palabra “extradición” y dejarlo en especímenes genéricos o similares, tales como traslado, entrega y otros de instalación novedosa, a fin de evitar impugnaciones.

En medio de esos dos bandos debemos colocarnos en la sensatez del fondo real de las finalidades de la ley. Podemos decir, en palabras comunes, que el propósito esencial de la ley punitiva es el castigo al delincuente. Es decir, que “el que la hace, la pague”. Desde luego, la evolución civilizada del derecho y la justicia obligan a lo que llamamos “el debido proceso”.

Pero debo aclarar que yo, en mi ya larga vida profesional, nunca he visto un juicio totalmente perfecto. Eso es particularmente difícil en México, porque tenemos la ley más complicada del planeta en cuanto a protocolos de enjuiciamiento penal. Durante tres sexenios me dediqué a consignar delincuentes y durante 25 años me he dedicado a defender acusados. He tenido mucha suerte y el éxito me ha acompañado sin medida, pero no la pureza ni la inmaculación.

Es muy complicado nuestro proceso. Baste decir que tenemos 80 garantías constitucionales de proceso penal, distribuidas en ocho o nueve artículos. A esto, agreguemos las exigencias jurisprudenciales y las de las leyes secundarias. Repito, el proceso perfecto ni lo he visto ni lo veré.

Pero prefiero el proceso imperfecto al delincuente impune y en eso coincido con Lope de Vega, con Edmundo Valadés y con Juan Rulfo, por mencionar a los que ahorita recuerdo. Nada más doloroso que el culpable triunfe porque faltó una fotocopia. Desde luego, hay límites inaceptables. El primero es que la autoridad invente delitos, que no es el caso. El segundo es que la autoridad invente el castigo, que no es el caso. El tercero es que la autoridad invente al culpable, que no es el caso. Así que, con sensatez, en buena hora este operativo.

Si el presidente Donald Trump no está contento con la entrega o invoca defectos jurídicos, pues que no pague y que devuelva la mercancía. Estoy seguro de que no lo haría. No sé si sea buena paga, pero sí creo que tampoco agarra y suelta.