#SCJN, costos de la batalla

A un año del anuncio de la cancelación del NAIM, los mayores proyectos de infraestructura aun no logran despegar. La mayoría han sido impugnados por requisitos legales o amparos concedidos por jueces, mientras el gobierno acusa “sabotaje” legal contra ellos y el Poder Judicial se precipita desde lo más alto a la crisis más trascendente de su época moderna con hondas repercusiones desde la vida institucional hasta la economía. Uno de los saldos de la batalla es la caída de la inversión pública y de la privada fija a niveles no vistos desde el crack financiero de 2009, que llevó a la última gran depresión en el mundo.

Desde cualquier ángulo, la sacudida en la Corte con la dimisión de Medida Mora, investigado por lavado de dinero, es un golpe al corazón del Poder Judicial, que ya ha sido llamado a emprender una reforma profunda con posibles implicaciones en la reconfiguración de la SCJN y mayores retrocesos de la reforma penal con el aval de la frustración por los índices de impunidad y desconfianza de la ciudadanía. Las irregularidades de su salida incrementan la incertidumbre jurídica, que los empresarios esgrimen como freno a la inversión. El conflicto político entre los Poderes enseña los vasos comunicantes entre las instituciones y la economía, que es también un termómetro de la confrontación al interior de la estructura política. Otro saldo de ella, mayor vulnerabilidad interna ante un retroceso de la economía internacional.

La preocupación por una inminente recesión se extiende desde Hacienda hasta la cúpula empresarial. Otra poderosa razón para que el relevo en la Corte sea una oportunidad que devuelva certidumbre y estabilidad a la SCJN, que desde el siglo pasado adquirió un lugar central en la vida institucional como máximo tribunal de control de abusos de autoridad. La repetición de una designación a modo como la de Peña Nieto con su amigo y hombre de confianza Medina Mora convalidaría el temor de que su dimisión envuelva la pretensión de desactivar esa función, sin menoscabo de la justificación de su salida por presunta corrupción. Por la Corte pasan los mayores litigios entre Poderes y también respecto a obras de infraestructura con grupos de empresarios y civiles. Con cuatro votos pueden bloquearse recursos de inconstitucionalidad y en el primer año del este gobierno ya ha nombrado tres de sus integrantes.

En el contexto de una disputa que se combate en el terreno de las instituciones y de la economía, la pregunta es ¿cómo abordar y discutir problemas que nos afectan a todos como una reforma de la justicia sin parecer otro episodio de la reyerta y debilitar el funcionamiento de las instituciones y Poderes en perjuicio de las reglas básicas de convivencia? ¿Cuál es el mensaje y los pasos que debe dar el gobierno para construir confianza y consensos más allá del discurso y las promesas morales de honestidad, autenticidad y contra la corrupción con el que domina el panorama?

La discordia deja poco a poco la retórica oficial y el debate político sin palabras. El liderazgo está obligado a encontrarlas para poder influir en los acontecimientos y traducir su significado en la necesidad de destrabar proyectos y lograr el concurso de voluntades para pertrechar, por ejemplo, la economía mexicana de los peligros de recesión. Es positivo que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, comparta preocupaciones por la depresión de la economía y ofrezca cuidado extremo de las finanzas públicas o que confíe en la ratificación del T-MEC para cambiar el escenario nacional. Pero se trata de temas que tienen el consenso mayoritario y generan poca división, a diferencia de las obras de infraestructura o una reforma que desestabilice al Poder Judicial y agudice la desconfianza de la inversión privada.

Hay espacio para el diálogo como un acuerdo para un plan de infraestructura que acordarán gobierno y empresarios con inversión pública y privada para financiar 1600 proyectos. Ojalá que sirva también para abrir nuevas narrativas que superen la retórica de la intransigencia y sobre todo convenzan a un país que se queda sin palabras entre denuncias de “sabotaje” y reclamos de “chicanadas” legales del Poder Judicial.