Rosario Robles: ¿Annabelle de corruptos o arma política?

El mensaje lo escuchan inculpados y acusadores (incluso los que debían guardar su identidad como protegidos) como un llamado a romper cadenas de lealtades de la corrupción para “salvar el pellejo”, en un desfile de la pasarela mediática en las conferencias mañaneras, medios y redes sociales. Pero las denuncias escapan a los tribunales y los responsables desaparecen en los vacíos del sistema de justicia o en los yerros de fiscales y jueces. Tanto que el presidente López Obrador ha tenido que salir a pedir “pruebas y no fabricar culpables” a los que se ofrecen a colaborar, para tratar de evitar que se vean como arma política.

Los testigos no han resultado ser la Annabelle de la corrupción, aunque sí actores de películas muy taquilleras. La última funcionaria del primer nivel del gobierno de Peña Nieto en ofrecer hablar es Rosario Robles, extitular de la Sedesol y de la Sedatu, en prisión desde 2019 y para quien la FGR pide una pena de 21 años de prisión por desvíos en la Estafa Maestra. Apenas el 26 de octubre denunciaba presiones de autoridades para “que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guion que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”. Cambió de opinión, como otros tantos que perdieron el referente de coordinación vertical de la cleptocracia nacional con su salida del poder. Algunos ofrecieron silencio y retirarse, unos asimilares y otros hablar… La lista es larga porque aceptar el juicio y el escarnio público resulta más conveniente que ir o permanecer en prisión. En la misma ruta de escape están el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht; Emilio Zebadúa, que también se acogió al criterio de oportunidad a cambio de aportar información útil, veraz y confiable para esclarecer la Estafa Maestra. Pronto podría sumarse el abogado del peñismo Juan Collado, con denuncias que acaben de enterrar a la última presidencia del PRI.

Las imputaciones de testigos zarandean de un lado al otro a la clase política “priista”, que apenas puede defenderse con la exigencia de presentar pruebas a las acusaciones de financiamiento ilegal de sus campañas en 2012 y 2018. En las confesiones, sin embargo, se han cuidado de implicar a Peña Nieto, a pesar de que el criterio de oportunidad exige aportar información de delitos más graves que, en el caso de secretarios o el director de Pemex, sólo pueden apuntar al expresidente.

El testigo protegido y el criterio de oportunidad son dos figuras legales distintas, pero en ambos comprometen a la autoridad a investigar. La falta de homologación de criterios para conceder este beneficio y el control del procedimiento en manos de los superiores jerárquicos en la FGR da lugar a la discrecionalidad de la autoridad y el oportunismo de los imputados. La llave de esta ventaja la tiene la Fiscalía, pero en el juicio a los gobiernos del pasado parecen tener acuerdos sin obtener pruebas que acrediten las acusaciones, como en el caso de Lozoya y ahora veremos si también en la Estafa Maestra. Con esa información ha intentado detener, sin éxito, a Luis Videgaray, el colaborador más cercano de Peña Nieto, que nuevamente es señalado por la defensa de Robles como actor clave en esta serie de terror.

Pero esos mecanismos de la justicia se desgastan sin pruebas ni investigaciones de la FGR sobre las denuncias de los testigos. Esos recursos de la justicia obligan a la Fiscalía a averiguar antes de que se conviertan en nueva forma de impunidad para culpar y salvarse, como desafió Videgaray en el último episodio de denuncias de Robles. La serie continuará…