Política migratoria, del blanco al naranja

La fuerte presión por la crisis de aranceles causa una primera baja en la política de puertas abiertas a la migración del gobierno. El manotazo con el amago de guerra comercial archiva aquellas imágenes de centroamericanos que llegaban caminando en caravana a la frontera y recibían inmediatamente papeles para cruzar el país. El gobierno estadunidense consigue unir migración y comercio en la agenda bilateral… y la política migratoria mexicana cambia de color, del blanco al naranja, como exige Trump desde hace dos años.

El emplazamiento específico de sanciones comerciales cerró el margen de maniobra a la inacción del gobierno de López Obrador. El acuerdo comercial ahora pasa por ofrecer “medidas tangibles” contra la migración centroamericana, que México había logrado sortear a pesar del reforzamiento de la frontera. La situación actual “no se puede sostener así”, dijo Ebrard para reconocer que los flujos “crecen demasiado”, pero, sobre todo, que poco o nada se había hecho para entrarle a resolver este problema.

La crisis tomó desprevenido a México, a pesar de que es el “caballo de batalla” de Trump desde hace dos años y de que el propio Ebrard trató de vender a EU un plan de desarrollo para Centroamérica. Desde abril pasado, el empeoramiento de la “situación” era evidente con la renuncia forzada de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, que no había logrado que México endureciera la detención de migrantes al nivel de las expectativas estadunidenses. Pero la negociación con ella le permitió ganar tiempo para avanzar con la Guardia Nacional, que ahora tiene atribuciones para intervenir en migración. En la propia Secretaría de Gobernación no había claridad de cómo se involucraría el cuerpo de policía militarizado.

El artículo nueve de la Guardia Nacional la faculta a la inspección y verificar la estancia regular de extranjeros y, en su caso, a presentar ante la autoridad para su deportación, así como resguardar las instancias migratorias. Era el colorante que faltaba para que la política migratoria cambiara de tonalidad, bajo la acción de la sustancia activa de la demanda de Trump de detener el flujo de migración irregular.

Las autoridades mexicanas fueron sorprendidas por el ataque arancelario después de eliminarse la sanción al acero y al aluminio, que despejaba el camino para la ratificación del T-MEC. Ello da cuenta de las consecuencias de la insularidad de la política exterior, a pesar de la insistente exigencia de Washington en introducir el esquema de tercer país seguro. El punto de inflexión llegó cuando el canciller Ebrard fue recibido en Washington con un tuit de Trump que exigía acciones y no palabras para desactivar la crisis. Ahí los propios empresarios mexicanos en la negociación dieron lugar a la recriminación de Trump de una política migratoria más dura en la frontera, sin importar el argumento de que en 2019 la deportación se triplicó.

La inmoderación de Trump con la migración comenzó entonces a apreciarse como una amenaza más allá de sus bravatas electorales. Ya no se trataba sólo del “hocicón” que dice, pero no cumple sus amenazas, como había acabado por leer el gobierno mexicano de sus pronunciamientos. Ahora habría que negociar una salida a contrarreloj para evitar la imposición de sanciones y ofrecer acciones de contención en la frontera sur con la movilización de la Guardia Nacional y la renuncia a la idea de seguridad humana para abordar la migración con un enfoque de seguridad militarizada.

Previo a la apertura de la negociación en Washington, el gobierno desplegó militares y policías federales para detener una nueva caravana como la señal que pedía Trump para suavizar su postura comercial, aunque —como dijo— es aún “insuficiente”. Falta por ver hasta dónde cede México a sus demandas: tramitar las peticiones de asilo en México, cerrar la frontera con Guatemala y limpiar la frontera de redes de traficantes y funcionarios corruptos.