La refriega de la Corte y la 4T

Los poderes públicos enfrentados convierten las instituciones en campo de batalla y conducen a vacíos jurídicos. La refriega pública del Poder Judicial y el gobierno de López Obrador ha escalado al litigio político y legal con acusaciones graves que, de probarse, tendrían serias consecuencias, sobre todo para la Corte, aunque salpicarán al Ejecutivo.

La discordia verbal y el golpeteo mediático son el tono de la relación entre ambos poderes este sexenio, sin que la sangre llegara al río. Ahora la determinación de la Corte de investigar a su expresidente Arturo Zaldívar y algunos de sus colaboradores supone una escalada por denuncias de tramas de corrupción que se habrían beneficiado de la justicia y sometido al Ejecutivo, lo que pone en entredicho su autonomía e independencia.

La denuncia contra un expresidente de la Corte es extraordinaria en un país en el que los togados parecen intocables, aunque podría explicarse por tratarse de uno que abandonó su cargo para sumarse al oficialismo en la campaña de Sheinbaum. Si ambas cosas son poco comunes, más aún que ocurra en medio de la campaña electoral en que se debate una reforma al Poder Judicial que, para la Corte y la oposición, representa la demolición de las instituciones y la mayor amenaza a la división de poderes. Aunque nunca como ahora hubo tanto debate y fallos, las más de las veces contrarios al Ejecutivo y el partido en el poder.

También es llamativo que la investigación se active con una denuncia anónima y se filtre a la opinión pública, con riesgo de afectarla por el efecto corruptor de la presunción de inocencia y sin conocimiento de pruebas que venzan esa garantía. En esa tribuna, el asunto se juzga rápidamente en el encuadre de declaraciones de López Obrador de cooperación de la presidencia de Zaldívar con su gobierno, que se miran como presiones para orientar fallos a su favor. La línea entre colaboración entre esos poderes y la intromisión siempre es delgada con aceptados diálogos y comunes “alegados de oído”, pero apoya el reclamo opositor de querer someter a la Corte.

Visto desde otro ángulo, esas valoraciones reflejan un problema acaso más profundo que las posibles ambiciones de un ministro, del que no está exenta ninguna Corte. El mal de la politización que recorre a la justicia del país, y que se hace más grave cuando los poderes judiciales aumentan su capacidad de dejar sin efecto decisiones del Congreso y del Ejecutivo. Y sin reales contrapesos internos y adecuados mecanismos de rendición de cuentas, que acaban por llevar el asunto al terreno político del juicio en el Congreso, como presentarán Morena y el PAN, contra la presidenta Norma Piña, y Zaldívar, respectivamente.

Ése es el cuadro plástico de esta guerra política entre poderes. El Judicial defiende que las reformas de la 4T son para debilitarlo, y que ahora el juicio político es por investigar la corrupción del exministro aliado con el otro poder. Sin embargo, no ha presentado ninguna iniciativa de reforma que, por ejemplo, corrija la impotencia de la Judicatura para investigar y controlar al presidente de la Corte, que funge como juez y parte al ocupar ambas posiciones.

No obstante, el escalamiento podría dejar algún saldo positivo si ayudara a reconocer los riesgos del enfrentamiento de poderes, como punto de partida de la discusión plural de una reforma. La Cámara de Diputados aún tendrá que admitir las iniciativas y contar con los votos para desahogarla, y la Judicatura, por su parte, iniciará una investigación administrativa contra Zaldívar y su equipo, Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, y a la excontralora Arely Gómez González, actual auditora de la ASF, pero no tiene competencia para investigarlo a él. En ambos casos, las resoluciones no llegarán antes de la elección, cuando cambiará el escenario político, pero el choque evidencia los males que aquejan a la Corte y su relación con los otros poderes, así como de su funcionamiento interno.

La refriega de poderes ha sido una sacudida a las inercias de una relación que, como en el caso de cualquier institución, exige transformaciones, y una de las mayores asignaturas es liberar a la justicia del descrédito de la politización. La competencia electoral no es un terreno propicio para el debate, pero las urnas permitirán medir los respaldos al rumbo de éste y otros cambios.