La nueva Corte nace con la duda

La nueva Corte nace con el lastre de la duda sobre qué tan independiente puede ser si sus nueve ministros fueron impulsados por un mismo partido hoy en el poder, aunque llegaran por voto popular. La cuestión puede frustrar la esperanza del cambio profundo que promete la reforma del Poder Judicial como imperativo de la vieja deuda de la justicia, en particular, con los más pobres.

El gobierno de Sheinbaum presume la instalación del máximo tribunal como inicio de una nueva era en el sistema de justicia, con un Poder Judicial electo en un proceso tan irregular y cuestionado como inédito en el mundo de votar a todos sus juzgadores; y una victoria para la tesis de la 4T de que la democratización garantiza su autonomía para reestructurar desde abajo y cortar la influencia del poder económico. Es decir, enterrar el modelo de la última reforma de Zedillo de 1994 que, a pesar de acotar la influencia del viejo presidencialismo, prohijó la corrupción, el nepotismo y la negociación de la ley.

Pero la voluntad general, como lo saben los ministros, es limitada para asegurar su independencia como condición para transformar la justicia; y no sólo por surgir de un proceso impugnado y poco representativo, sino vulnerable a la coacción en el difícil juego del equilibrio de la confrontación y colaboración, ambas necesarias entre poderes. La legitimidad del nuevo modelo impulsado por López Obrador dependerá de la actuación de los juzgadores y del aval de la sociedad en cuyo nombre se valida; aunque su lejanía debilita el proceso y la pone en desventaja política.

La promesa de la presidencia de Hugo Aguilar es generar una Corte diferente, cercana a la gente y que responda a la deuda de justicia. Pero la nueva arquitectura institucional del Poder Judicial está por hacerse, más allá de los símbolos políticos y nuevas formas tradicionales de bastones de mando de los pueblos indígenas para representar una legitimidad que sólo podrán acreditar con su actuación. Las críticas a la liturgia indígena con que inició su nueva época son una cuestión muy menor respecto al reto de no corromperse con el poder político ni los intereses particulares, como les señaló la presidenta Sheinbaum; aunque de ahí surjan las incertidumbres sobre las posibilidades de una verdadera y eficaz reforma.

La mayor interrogante es cómo impedirán la corrupción de la que acusan a los anteriores sin caer en cacerías de brujas o añejas prácticas de vetustos tribunales inquisitorios de disciplina interna. Y hasta dónde estarán dispuestos a llegar para sostener fallos que incomoden a la clase política o acallar asuntos en el archivo muerto si se inconforma el oficialismo, aunque sean contrarios al interés general y de las mayorías. ¿Cómo deberse al pueblo, pero sin confrontarse con las instituciones?

Éstos serán los dilemas más difíciles que deberán sortear en una situación de desventaja frente al apoyo popular masivo y la concentración del poder en la Presidencia de Sheinbaum. Los requisitos para fungir como tribunal constitucional y hacer cumplir las leyes sólo los podrá acreditar con la razonabilidad de sus fallos como, por otro lado, hace cualquier tribunal en el mundo, sea o no electo. Precisamente, el nuevo modelo de justicia se originó de la ruptura del equilibrio entre poderes de una álgida polarización política con la Corte por fallos contrarios a programas y políticas del gobierno anterior. Por esa génesis, el mensaje de la asistencia de Sheinbaum a la primera sesión de la Corte tiene interpretaciones ambivalentes, como la normalización de la relación y colaboración entre poderes, pero también marcar el fin de la confrontación como el saldo de la victoria sobre la oposición judicial y de nueva cercanía con el Ejecutivo. Toca a los nuevos ministros demostrar, con sus hechos, la interpretación correcta de lo que significa una Corte diferente, no sólo en las formas, sino en la sustancia… y aunque en “un centímetro”, como gustara decir Aguilar.

¿Hay confianza en que hará un cambio estructural de la justicia? ¿Cómo superará los riesgos de la implementación con juzgadores inexpertos e improvisados? ¿Cómo resolverá la tensión de servir al pueblo, pero sin incomodar al poder político? ¿Cómo lograr justicia pronta y expedita con menos recursos institucionales y humanos, y una enorme carga de rezagos heredados y no sólo de expedientes?

Las respuestas las darán los ministros con sus sentencias. Pero esta Corte nace de la duda, que ellos piden como beneficio de su actuación.