Los ataques con potentes explosivos y drones en México revelan algo más que una escalada de la violencia: evidencian la transformación del poder de fuego de los grupos criminales. Pero su evolución es inexplicable sin los arsenales y tecnologías a los que acceden desde EU, en el contexto paradójico de su guerra contra los cárteles.
El tráfico de armas no es un problema nuevo, pero adquiere otra dimensión por el cambio cualitativo de la fuerza del crimen en varias regiones. El caso más reciente es la explosión de un coche bomba con 200 kilos en Zacatecas, que dejó 11 heridos y daños en 40 edificios. No es un episodio aislado: en Michoacán y Guerrero se usan cada vez más drones y minas personales para fortificar territorios.
Tampoco es novedoso que el acceso a armas de alto poder esté vinculado con la brutalidad de los cárteles para expulsar comunidades enteras y construir formas de gobernanza criminal. Ahí aparece una contradicción de la política de EU: combatirlos como organizaciones terroristas, mientras por su frontera fluyen raudales de armas que alimentan su capacidad operativa.
Esta situación coloca a EU más cerca de la complicidad que del papel de brazo de la justicia que dice ejercer con leyes de extraterritorialidad contrarias al derecho internacional. Su política de seguridad sirve a guerras aspiracionales entre anuncios efectistas y lo que realmente hace. El lenguaje de guerra perpetúa el conflicto y nutre su industria armamentista, donde la paz pierde centralidad.
La incongruencia es evidente. EU endurece el discurso de guerra mientras su gobierno y tribunales eluden su responsabilidad en el tráfico de armas hacia los mismos grupos que dice querer eliminar. México ha incautado 200 mil armas al narco en una década, la mayoría de manufactura de EU, a lo que se suman drones y armamento pesado que acaban en redes criminales. La lógica de la guerra acaba por potenciar aquello que pretende reducir. Mientras EU presiona a los cárteles y amenaza con ampliar su intervención, el mercado ilegal de armas fortalece su capacidad de respuesta. La violencia criminal deja de ser sólo homicidios para convertirse en desafío al Estado.
Mientras el gobierno mexicano combate la violencia y el delito, aumentan los ataques a instalaciones públicas y el uso de minas antipersonales contra población civil. Si se atienden las definiciones de terrorismo —violencia para provocar temor y presionar a la autoridad— el trasiego de armas contribuye más a esa escalada que a acabar con los cárteles.
Por eso, la discusión sobre seguridad no puede limitarse a cuántos homicidios disminuyen cada mes. También debe preguntarse qué capacidad de fuego acumulan las organizaciones criminales y cómo cambian sus métodos de ataque.
México evita llevar esa contradicción a sus últimas consecuencias, por temor a intervenciones híbridas con que EU amenaza lo mismo para endurecer el comercio que para exigir seguridad fronteriza, donde se extiende el uso de láser para derribar drones de los cárteles.
El lenguaje de guerra de Trump es multifacético. Elogia a México por la colaboración antinarco, y golpea con amenazas militares, sabotear al T-MEC y desinformación sobre crisis migratorias inexistentes. Un día genera división política al elevar a García Harfuch como socio confiable de EU, y otro esparce filtraciones para acendrar la desconfianza; luego Ron Johnson presume una estrategia conjunta contra las redes financieras del crimen.
No es una estrategia vacilante, sino una destinada a mantener incertidumbre e inestabilidad, con riesgo de dejar la seguridad o el T-MEC en zonas grises de duda.
Un plan que declara la guerra al terrorismo mientras permite que sigan alimentándose de armas y tecnología para hacer la guerra desde México contiene una contradicción que Washington no explica.
Y esa contradicción tiene un costo: mientras unos hablan de terrorismo, otros viven bajo su fuego y ponen a los miles de muertos.