#Caso Lozoya, oportunidad para limpiar corrupción

Su aprehensión en España por las ramificaciones del caso Odebrecht en México llega en un momento delicado para el Presidente cuando su principal promesa de combate a la corrupción se debilita por escasos resultados y el temor de que siga la política de “intocables” como en gobiernos anteriores. Las últimas semanas la discusión pública se enredó en temas insubstanciales como la rifa del avión, mientras crece la alarma por la inseguridad y la permisividad con la criminalidad y la corrupción. Este proceso podría derivar, como en otros países latinoamericanos salpicados por el mayor escándalo de sobornos de la constructora brasileña, en un “maxi juicio” al gobierno de Peña Nieto, aunque López Obrador sea contrario a investigar a sus antecesores.

La decisión que tome puede colocar a su gobierno en un punto de difícil retorno en más de un sentido. Si opta por penetrar en una de las estructuras de poder más pertrechadas de la elite política, el caso podría servir como mensaje contra la corrupción como uno de los factores principales de la incidencia criminal que campea en otros ámbitos como los carteles, la impunidad de la violencia y hasta los tribunales. Pero si no da pasos firmes en favor de la rehabilitación del estado de derecho, la falta de voluntad política ocasionará que las omisiones se acumulen en el funcionamiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia como antes.

Las deficiencias crónicas en la actuación del poder judicial, por ejemplo con la liberación dos o tres veces de narcos como El Lunares, o la incapacidad para parar una “insurrección delictiva” como en Culiacán, desbordan al Estado. La criminalidad preocupa a EU el principal socio comercial porque sin seguridad el crecimiento económico está en entredicho, como advirtió el embajador de EU, Christopher Laudau. El Índice de Estado de Derecho en México del World Justice Project advierte claramente de un retroceso en la aplicación de la ley en la mayoría de los estados y atribuye su debilitamiento a la corrupción. La relación entre el asolamiento de las instituciones y la corrupción es inocultable, así como su impacto en la violencia y el crimen.

Pero en este punto, los resultados de López Obrador no hacen diferencia con los anteriores, a pesar de insistir en que, por el contrario, en su administración “estamos purificando la vida” pública, como dijo tras la detención de Lozoya. La declaración es alentadora, pero también, como tantas, quedará en “agua de borrajas” si se diluye la posibilidad de desmontar en el país la mayor red de extorsiones que en América Latina ha hecho caer gobiernos y media docena de mandatarios a la cárcel por el caso Odebrecht.

La propuesta de la Corte de reforma judicial que avaló el Presidente es fundamental para el acceso a la justicia, que también el índice del World Justice Project advierte como mayor amenaza para el Estado de Derecho. El Presidente dio un voto de confianza a la Corte para reformar el poder Judicial. Con ello relegó a un plano lejano la contrarreforma judicial del fiscal Gertz. Pero independientemente, el marco legal actual ofrece los recursos necesarios para abrir un maxi proceso contra la corrupción en el juicio de Lozoya y otras, como la del exsecretario de seguridad pública García Luna.