Assange y el Houdini del acceso a la información

El caso de Julian Assange es una patada en la mesa a la abducción del acceso a la información de los poderes públicos. Con su investigación desnudó a las agencias de inteligencia militar de EU y crímenes de los poderosos de otros estados. Pero su mayor desafío fue exponer las dificultades del poder político para reconocer la nueva realidad de las plataformas digitales que desbordan y redefinen el alcance de la libertad de expresión global.

El silencio de la mayoría de gobiernos democráticos frente a su persecución y escasos vítores por su liberación son elocuentes del estado de la cuestión. Las voces de apoyo, principalmente de la izquierda latinoamericana, como la de López Obrador, Petro o Lula condenan su encarcelamiento como atentado a la libertad de expresión, pero evitan verlo como símbolo de la lucha por abrir la información oficial. Pero eso representa Assange, el hacktivismo como una forma de desobediencia civil contra el secretismo envuelto en razones de seguridad para restringir la información en la era de la informática.

Assange puso en jaque la libertad de expresión en EU al exponer sus secretos criminales de las guerras de Afganistán e Irak, así como la violación a los derechos humanos. En otros lugares da pie al contraste de los que ven un símbolo de la libertad de expresión mientras persiguen el hacktivismo o condenan las filtraciones de información de interés público, al tiempo que cierran los archivos oficiales del escrutinio de la gente. De eso saben en EU cuando el hackeo se equipara al espionaje o en México, donde se desacredita información de Guacamaya Leaks como conspiración antigubernamental.

Por eso no es de extrañar que la incitación del informador formado en la piratería informática también lo convirtiera en el prófugo más famoso del planeta y el “hacker” que confrontó al mundo en la defensa de la libertad de expresión. Assange salió en libertad esta semana después de 13 años de cautiverio en una sede diplomática y una prisión en Reino Unido al llegar a un acuerdo con fiscales de EU que reclamaban su extradición por 18 cargos en su contra. Un desenlace con sabor agridulce por haberse tenido que declarar culpable de conspiración para salvar la cárcel, sin haber cometido ningún crimen.

Si la filtración de 250,000 cables diplomáticos del Departamento de Estado abrió una crisis diplomática global en 2010, ahora su liberación cierra un círculo, pero abre otro igual de retador para la publicación de materiales reservados por motivos de seguridad, aunque sean veraces y de interés público; una amenaza para medios y periodistas que utilicen la tecnología para extraer datos de archivos secretos; hackers que explotan errores de los sistemas informáticos de Estados y piratas informáticos que la extraigan de sus bases, como WikiLeaks o Guacamaya, con sus publicaciones anónimas sobre México y otros países latinoamericanos. Los trazos de ese nuevo círculo tienen coordenadas conocidas por la advertencia de consecuencias legales y penales que, sin duda, servirán para coartar la investigación periodística y desalentar la publicación de información clasificada. El poder político ha aprendido del fuerte golpe de WikiLeaks a la imagen y la credibilidad internacional de la potencia mundial. Pero también, como señala Giuliano da Empoli en su ensayo Los ingenieros del caos, aprovechan la revolución tecnológica para perseguir sus propios fines en terrenos del discurso político de odio, la polarización y el control del movimiento de la ciudadanía fuera de los marcos institucionales.

Por todas estas razones, el caso del Haudini moderno es un hito para los nuevos desafíos del control democrático ante el auge de líderes políticos populistas y de extrema derecha “inconscientes, sumisos y oportunistas” con las plataformas digitales, como acusa Da Empoli; fascinados con los discursos del caos, aunque sólo sea para impulsar un nuevo orden que los beneficie, y dispuestos a atajar sus riesgos de hackers y periodistas en la frontera de la seguridad nacional para preservarse de la libertad de expresión.

El reconocimiento de haber violado una antigua ley sobre espionaje, que muy pocas veces se usó contra periodistas, es el mensaje amargo del caso Assange para la discusión de los nuevos límites entre la seguridad y la libertad de expresión, así como el tipo de protecciones para la prensa por revelar documentos clasificados. ¿Quién y cómo establecerá esa franja, y cuáles serán las sanciones? ¿Cómo evitar que sean recursos para criminalizar a los periodistas?