Transparencia y anticorrupción, desactivadas

Los escándalos de corrupción se apilan en el entorno de Los Pinos y del gabinete, pero las deudas, la obligación de reparar y satisfacer por la consecuencia de culpas o delitos, están fuera del radar de los hombres del Presidente. Los archivos se acumulan, mientras las instituciones de transparencia y combate a la corrupción parecen inactivas. Al Presidente le deben preocupar las causas legales a que pueden dar lugar yerros que implican vidas, como en el caso de la muerte de dos personas en el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca o la trama de sobornos de Odebrecht. Pero la ausencia de responsables se solapa en cruces de acusaciones mediáticas y la rendición de cuentas no pasa de verse como “sacrificio político” al que resistirse.

Ya mes y medio desde que se colapsó el Paso Exprés sin responsables legales y tampoco renuncias como mínima obligación moral frente a irregularidades y negligencia del proyecto. Los señalamientos, sin embargo, comienzan a traspasar el círculo de contención del gabinete para proyectarse hacia el Ejecutivo, pero sin que ello se deba al avance de la transparencia para conocerse los expedientes de corrupción bajo la coartada de que no hay fiscal aún nombrado para que el INAI pueda abrir archivos. Por el contrario, siguen reservados expedientes como el de Odebrecht.

Son los actores, y no las instituciones, los que publicitan los escándalos en cruces de acusaciones o filtraciones, como el patrimonio de Ricardo Anaya, tras de que su partido rechazara el pase automático en la fiscalía general. En el Congreso, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, reveló que avisó a Ruiz Esparza y a Peña Nieto del riesgo de abrir el Paso Exprés. La implicación de su declaración confirma la advertencia de un tuit de Aristóteles Núñez, extitular del SAT, de que la negativa de Ruiz Esparza a renunciar le hacía daño a Peña Nieto. Ahora el hundimiento de la carretera atraviesa las laderas de Los Pinos, que antes ya había recibido el impacto de una posible relación entre Odebrecht y el financiamiento de la campaña del PRI en 2012, uno de los temas que podría investigar el próximo gobierno con un fiscal anticorrupción nombrado.

¿Por qué sostener a Ruiz Esparza a pesar de los errores técnicos que corroboró el peritaje? ¿Sería ahora suficiente su remoción para deslindar al Presidente tras las declaraciones de Graco Ramírez? ¿Es imposible investigar el Paso Exprés u Odebrecht sin fiscal anticorrupción? ¿La transparencia da para saber qué hacen gobernantes y clase política, por ejemplo, conocer si la fortuna de Anaya o de su familia se hizo con favores del poder?

Una pista para responder a esas interrogantes la da el propio Ruiz Esparza al evadir señalar culpables de una obra bajo su responsabilidad y justificar su estancia en el cargo para evitar la pila de los sacrificios. El argumento es demoledor para la investigación y la transparencia de lo sucedido en paso Tlahuica, pero ilustrativo de la forma de ejercer la autoridad y de comprender la rendición de cuentas. Más aún, para entender el socavón en que cayó el sistema anticorrupción o el nombramiento de un fiscal independiente y anticorrupción, porque este gobierno no cree que haya necesidad de reales controles del poder. Ruiz Esparza justifica su permanencia como acto de responsabilidad, aunque, en los hechos, el mensaje que envíe sea anular la capacidad de sanción a políticos y funcionarios que violen sus obligaciones. Cualquier reclamo de abandonar el puesto de control y facilitar con ello la investigación se mira como claudicar ante alguna vendetta política u ocupar el lugar del chivo en la expiación, sin lugar a contrapesos o la restricción del poder. Y, mientras tanto, los órganos de control parecen caminar, aunque desactivados.