La detención de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua y uno de los hombres de mayor confianza de Maru Campos, ha puesto a la gobernadora frente a sus propias contradicciones. Durante meses, la presencia de agentes de la CIA en un operativo en territorio nacional dio lugar a explicaciones que fueron cambiando conforme avanzaban las investigaciones. Ahora Campos responsabiliza a su antiguo colaborador y asegura que actuó sin informarle. Pero culparlo no resuelve lo que ella misma tiene pendiente de explicar.
El caso salió a la luz el 19 de abril, cuando un accidente carretero causó la muerte de dos funcionarios de Chihuahua y dos estadunidenses identificados posteriormente como agentes de la Agencia Central de Inteligencia. Jáuregui explicó primero que estos últimos realizaban labores de capacitación. Al día siguiente sostuvo que se habían encontrado por casualidad con los policías y les habían pedido trasladarse con ellos. Sin embargo, las investigaciones documentaron contactos previos y visitas a instalaciones de la Fiscalía estatal. Resultaba difícil sostener que quienes llevaban meses frecuentando la dependencia fueran simples pasajeros que habían pedido un “aventón”.
La mandataria estatal respondió a los cuestionamientos presentándose como víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno federal y reivindicando su combate al narcotráfico. Incluso después de la renuncia de Jáuregui, siguió reconociendo públicamente su trabajo. El paso de ese respaldo a las acusaciones actuales exige, como mínimo, dos explicaciones. ¿Qué sabía cuando lo defendía? ¿Qué descubrió después para terminar acusándolo?
Durante una entrevista con Latinus, Campos relató una fuerte discusión que tuvo con la presidenta Sheinbaum por la presencia de agentes estadunidenses en Chihuahua. Este viernes, la jefa de Estado confirmó el encuentro y contó que la gobernadora chihuahuense le señaló, cara a cara, a Jáuregui como responsable de la operación. También le dijo que, tras su salida de la Fiscalía, habían descubierto presuntos actos de corrupción y que era propietario de casinos. Según ese relato, Campos no se limitó a negar que hubiera autorizado el operativo, sino que también formuló acusaciones contra quien hasta meses antes contaba con su confianza, su defensa y sus reconocimientos públicos.
Incluso dentro del PAN, la captura desató reclamos contra Campos por haber abandonado a su antiguo aliado. El abogado de Jáuregui la acusó de traición y militantes salieron a exigir su liberación. Pero las lealtades partidistas no pueden decidir hasta dónde llega la justicia. Tan inaceptable sería protegerlo por su trayectoria en el panismo local como aceptar sin más el deslinde de la gobernadora, después de haber defendido la actuación de su gobierno. Ella también tiene que rendir cuentas. Las investigaciones deben esclarecer cuánto sabía de la operación y si tuvo alguna participación en las decisiones que permitieron llevarla a cabo.
Con cada nueva explicación, Campos parece más preocupada por salvar su futuro político que por aclarar lo ocurrido. Pasó de denunciar una persecución a señalar a quien había sido su hombre de confianza, y ahora enfrenta reproches y sospechas entre los suyos. Su intento de salir de la crisis culpando a Jáuregui tiene un límite evidente. La detención de su antiguo aliado no despeja las dudas sobre ella ni garantiza que las investigaciones dejen intacta su actuación.
Frente a esos cambios, la presidenta Sheinbaum sostuvo desde el principio una exigencia que sigue siendo válida: la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano requiere autorización federal y respeto a la soberanía. Combatir al narcotráfico no justifica actuar al margen de esas condiciones. Campos podrá romper con su exfiscal y discutir públicamente con quienes antes la respaldaban, pero todavía tiene que responder por lo ocurrido bajo su administración.