¿Quién puede parar la violencia?

Cada vez es más difícil ocultar o menospreciar el crecimiento de la violencia en grandes urbes, como la CDMX. Hay motivo para emitir alertas por su expansión en zonas densamente pobladas y que concentran negocios en los cinturones urbanos y delegaciones de la capital, en clave con las experiencias en otros estados expuestos a “olas” de criminalidad y acción de la delincuencia organizada. El aumento de las cifras ha obligado al gobierno local a reconocer el aumento de la incidencia delictiva, pero la respuesta ante la inseguridad es tan débil como lavarse las manos para culpar a deficiencias de la reforma penal o a la pérdida recursos autoritarios como la prisión preventiva por su “hipergarantismo”.

Pareciera que cuando un problema no se puede resolver, la salida es reclamar una reforma legal y, como antes, crear un comité para arrumbar una demanda en el cajón de pendientes. Pero ahora, el mayor riesgo de “patear” el tema de la inseguridad al Congreso es debilitar la mayor apuesta de transformación de la justicia en la historia moderna, en vez de reconocer que ha revelado la falta de capacidades institucionales para investigar y perseguir el delito. Quedarse sin respuesta hacia adelante y con estrategias ineficaces hasta ahora. Tras ocho años de preparación para implementarlo y con menos de un año de vigencia, el nuevo Sistema Penal Acusatorio está bajo duda aunque, incluso, en varios estados ni siquiera ha entrado en funciones plenamente o en tribunales; en la CDMX el rezago es de más de 50% de los casos.

Las conversaciones sobre violencia y denuncias de negocios en la Roma, la Condesa o la Zona Rosa de la CDMX son cada día más frecuentes, pero es distinto conocer cifras. El primer cuatrimestre de 2017, según reportes del Observatorio Ciudadano, resultó el más violento desde 1997, con un incremento de nueve a diez delitos de alto impacto en el país y, seis de ellos, en la capital. Lo más grave del caso de la CDMX es que desde el gasolinazo de enero pasado, la incidencia delictiva escaló hasta el segundo lugar nacional en robo a transeúnte, tres a negocio, cuatro en robo con violencia, y el homicidio culposo con tendencia al alza de 75% en 12 delegaciones.

La reacción oficial apunta a cuestionar la medición por no tomar en cuenta la población flotante en la capital y, sobre todo, la “laxitud” del nuevo sistema penal que habría permitido la salida de 15 mil personas de las cárceles. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se suma a los críticos que consideran a la reforma penal como “hipergarantista” y a la presunción de inocencia como la “puerta giratoria” para la excarcelación de personas que en el modelo de la prisión preventiva permanecerían tras las rejas. Más que acusar la ineficacia o la corrupción del sistema de justicia, la falta de capacitación de policías investigadoras o de fiscales, la explicación de la inseguridad atiende a la pérdida de mecanismos autoritarios como la prisión preventiva.

El reclamo se reproduce entre otros gobernadores, que se sienten en el peor de los mundos entre una reforma penal para la que no se prepararon y la inhibición de los viejos mecanismos autoritarios para combatir el delito que, justifican, convierten a la reforma en una herramienta que protege más a la delincuencia que a las víctimas. ¿Es que acaso el viejo sistema fue eficaz para atajar la inseguridad en un esquema que favorecía a la autoridad sobre las garantías ciudadanas en la persecución del delito?

La nueva espiral de violencia sin explicación clara de los gobiernos federal y estatales desembocará en un mayor debate de la reforma penal y en el reclamo al interior de la Conago de reformas legales contra el nuevo sistema de justicia penal. Llegaremos al peor de los mundos, pues se debilitará la principal respuesta contra el crimen sin que haya ninguna otra salida a la vista para hacer que el delito remita.