Vivimos en una realidad en la que cada vez es más difícil discernir entre lo que es real y lo que no lo es. Con tal inmediatez y velocidad de propagación de información, resulta complejo, pero vital, poder encontrar una forma de autenticar y validar los datos como ciertos o no. Con el surgimiento de la inteligencia artificial, tal como lo mencionaba en algunas columnas anteriores a ésta, hemos entrado en una etapa de nuevas verdades, de hechos alternativos y de que parece ser más relevante la posverdad que el hecho mismo.
En días pasados, la Presidenta mencionaba que “el derecho a la información veraz es un derecho constitucional del pueblo de México”. Poco y nada se podría objetar.
Lo que busca esta reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión es que cada medio de comunicación tenga una persona que proteja el derecho de las audiencias, que se cree un código de ética para los medios, que cada que mencionen a alguien tenga derecho de réplica en ese mismo sitio y contempla mecanismos de queja en contra de información publicada por cualquier medio, en donde la comisión reguladora tendrá facultades de imponer sanciones en contra del periodismo libre.
Lo delicado viene aquí, entonces, con este afán de regular qué es cierto y qué no lo es. Si bien, en principio no suena mal que el Estado regule y establezca ciertas reglas para esta crisis de la información, es plenamente amenazante a la libertad de expresión que sea entonces el gobierno el que determine qué es verdad y qué no, y peor aún, que puedan entonces, bajo su arbitrio y criterio, sancionar a algún medio de comunicación cuando se estime que ha faltado a la verdad, cayendo entonces en un ejercicio de autocensura.
Esto es una amenaza directa a la democracia. Es arriesgado pensar que pudiéndose enfrentar a sanciones, algún medio decidirá entonces enfrentar al poder, escribir sobre sus fallas, sus errores, analizar públicamente su actuar, pues con estos castigos amordazantes, disfrazados de protección a las audiencias, se está condenando a tener prensa a modo, amiga, sin voces críticas, o entonces exponerse a su extinción.
La prensa debe responder por sus actos y hacer periodismo serio, verificar sus fuentes, evitar la difusión de información falsa y distinguir cuándo informa y cuándo opina. Pero cosa distinta es exigir responsabilidad y otra es otorgarle al gobierno la facultad de decidir quién puede hablar, qué puede decir y qué es verdad.
Además del afán de hoy fungir como justicieros de la verdad, merece la pena recordarles a los destacados autores de esta tirana reforma que, si lograron llegar al poder, en gran medida fue porque hubo prensa, porque hubo críticos, porque hubo voces que se atrevieron a señalar los atracos, los abusos, las fallas de los gobiernos anteriores y siempre tuvieron un micrófono abierto al cual ir ellos personalmente a poder cuestionar al poder y proponer una alternativa de directriz nacional.
Este intento de censura es muy sensible, es grave, no implica simplemente callar a periodistas, sino que se está regulando y enlistando qué puede y qué no consumir como información cualquier ciudadano, se estaría llegando a un punto dictatorial de adoctrinamiento, de imposición y de restricción a la libertad de expresión y de acceso a la información.
La ley debe cuidar a los ciudadanos, proteger a cada mexicano y mexicana, no a los gobernantes. La ley no censura.