Se cumplieron cien días de que la justicia estadunidense pidió la detención con fines de extradición del gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya, y de otros funcionarios sinaloenses, entre ellos, el senador Enrique Inzunza (que aspiraba a ser el sucesor de Rocha en las elecciones del año próximo).
Dos de los acusados, el exsecretario de seguridad, Gerardo Mérida y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, se entregaron a la justicia estadunidense y están colaborando con las autoridades. Los otros ocho acusados están protegidos por el gobierno federal, que ha insistido en que no hay pruebas en su contra y ha negado la detención pedida por la fiscalía del sur de Nueva York, poniendo con ello la relación con los Estados Unidos en una situación que, de no tener cambios, se tornará intransitable.
No es verdad que no existan pruebas en contra de Rocha y los otros acusados. Desde la propia elección de 2021 se acumulan las pruebas de la intervención del crimen organizado en apoyo a Rocha: el día de las elecciones todos los operadores de la oposición fueron secuestrados; la elección se financió con recursos tanto del grupo de El Mayo Zambada como de Los Chapitos; también hubo participación deSergio Carmona, el asesinado Rey del Huachicol; hay transferencias bancarias desde Tamaulipas a la campaña de Sinaloa (el actual gobernador Américo Villarreal era el representante de Morena en los comicios sinaloenses y un año después ganó, también con todos esos apoyos, los comicios estatales); existen testimonios de acuerdos, aquí los hemos publicado desde 2022, entre la administración de Rocha Moya y Los Chapitos en distintos ámbitos, entre ellos la entrega a ese grupo criminal de las principales juntas de agua del estado.
Lo sucedido hace dos años cuando fue extraído Zambada, pone de manifiesto esa complicidad. Zambada va a esa reunión con Joaquín Guzmán López, su ahijado, porque se suponía que era para acabar con las diferencias entre Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, entonces diputado federal electo y exrector de la UAS (también excoordinador, con Rocha, de la precampaña para los comicios de 2024 de Adán Augusto López), se iba a reunir con ellos y con Iván Archivaldo Guzmán. La ruptura entre Rocha y Cuén, amigos y aliados durante años, se dio porque Rocha en la división que se dio en el cártel desde el juicio de El Chapo Guzmán, donde el hermano y el hijo del Mayo testificaron contra El Chapo, apoyó a Los Chapitos y Cuén estaba aliado con su amigo de muchos años, El Mayo Zambada.
Ese día, el 25 de julio de 2024, Rocha dice que no fue a ninguna reunión y que viajó en un avión privado a Los Ángeles con su familia. Nunca ha podido demostrarlo. Más allá de eso, ese mismo día, la fiscalía del estado exhibió un montaje tratando de hacer pasar el asesinato de Melesio Cuén como un intento de robo en una gasolinería en la noche, cuando en realidad había sido asesinado durante el secuestro de Zambada. Rocha primero avaló el montaje, luego cuando fue descubierto por la carta que divulgó Zambada, lo único que hizo fue aceptar la renuncia de la fiscal del estado, colmándola de elogios y jamás se investigó lo ocurrido.
Por cierto, al momento del secuestro de El Mayo, también están desaparecidos desde entonces dos de sus custodios, ambos policías judiciales del estado, uno de ellos comandante de esa corporación.
La administración Sheinbaum ha dilapidado su relación con Estados Unidos defendiendo a Rocha e Inzunza a cambio de nada: la justicia de ese país sabe todo lo que debe saber de la narcopolítica mexicana y sinaloense, con muchos testigos protegidos o colaboradores del más alto nivel, entre ellos dos de los acusados, nada menos que el responsable de seguridad y el de las finanzas, Mérida y Díaz, y los principales líderes del Cártel de Sinaloa, el propio Mayo, Ovidio Guzmán y muchos otros, que están colaborando con la justicia de ese país. Hasta el piloto que transportó a Zambada, que estuvo detenido en México y fue enviado a la Unión Americana, es uno de los principales colaboradores y testigos de la fiscalía del sur de Nueva York, cuyo jefe, Jay Clayton, dejó ese cargo hace unas semanas para ser designado, nada más y nada menos, que director de toda la inteligencia estadunidense, 18 agencias que van desde la CIA y la NSA hasta las de la DEA y el Pentágono.
La estrategia de Estados Unidos busca acabar, y tienen razón, con los líderes y operadores de los cárteles, pero también con sus beneficiarios, colaboradores y cómplices políticos y económicos. Como dijo el director de la DEA, Terry Cole, la semana pasada, la agencia estadunidense perseguirá “de forma agresiva” a los funcionarios y políticos mexicanos que utilicen sus cargos públicos para proteger al narcotráfico y al Cártel Jalisco Nueva Generación y “ningún título, cargo ni conexión política los protegerá”.
Ése es un capítulo innegociable para la administración de Trump y la protección del gobierno federal a Rocha Moya, y los otros causados de Sinaloa, lo único que genera es un daño económico, político y social al país que terminará siendo intolerable. Hay muchas razones que se esgrimen para proteger a Rocha, pero la principal es sólo una: la relación con Andrés Manuel López Obrador y los suyos. A ellos es a los que se trata de proteger.