La reforma Maduro

La reforma electoral, esbozada sólo en sus líneas generales y sin una iniciativa formal, presentada ayer en la mañanera, no mejora nada del sistema electoral actual, pero lo hace más centralizado, más manipulable y convertirá nuestro sistema electoral en algo muy similar a lo que tenía, sigue teniendo, Venezuela con Nicolás Maduro o lo que teníamos en México en el gobierno de Díaz Ordaz… con una diferencia: en esos años, desde López Portillo en adelante el sistema político mexicano hizo un enorme esfuerzo por abrirse, ser plural, legítimo e incluyente y ahora vamos exactamente en la dirección contraria: hacia un sistema de partido prácticamente único.

En la propuesta se dejan los plurinominales, pero en lugar de elegirse por listas en las cinco circunscripciones se va hacia un sistema doble, donde la mitad se elegirán entre los que hayan salido segundos en cada elección distrital y otros cien en una votación directa, donde se tendrá que elegir un hombre y una mujer, y donde las ventajas serán, obviamente, para el oficialismo. Al mismo tiempo se reducen los senadores, quitando a los 32 plurinominales que fueron una de las exigencias, en su momento, del PRD y de López Obrador para que ellos tuvieran presencia en la Cámara alta.

Hoy que tienen el poder hacen exactamente lo contrario de lo que demandaron. Ayer se dijo que esta reforma contempla las demandas históricas de Morena. Es falso, Morena, antes de llegar al poder y su antecesor, el PRD mientras ahí estuvo López Obrador, pidió todo lo contrario: espacios de apertura, más plurinominales, mayores recursos para los partidos de oposición.

Este mecanismo otorgará amplísimas mayorías al oficialismo, mismas que no tendrán relación con el porcentaje real de votos que tenga cada partido. La manipulación del actual sistema le permitió a Morena tener mayoría calificada en ambas cámaras, cuando su votación apenas superó 50%, 58% con sus aliados, y se quedó con 75% de los diputados y 68% de los senadores. Con la reforma propuesta lo que se hace es legitimar esa sobrerrepresentación.

Hay otros problemas: se dice que se quiere que todos los diputados sean de “tierra”, o sea, que hagan campaña y estén cerca de la gente, para que, así, sean más representativos. Pero la realidad es otra: son pocos los diputados y senadores que realmente están cerca de la gente una vez que llegan a su curul. Votan, pero no trabajan y son los que menos iniciativas presentan. El trabajo en el Congreso está soportado en los plurinominales, los de representación proporcional, porque son los más capacitados y los que tienen mayor experiencia.

En la enorme mayoría de las democracias los congresos se conforman por legisladores de representación proporcional, que representan exactamente la cantidad de votos que obtuvieron sus partidos o coaliciones, no por uninominales, donde el candidato o el partido que gana se queda con todo, aunque su mayoría sea de un voto. La democracia estadunidense es diferente, pero allí lo que sucede es que se termina eligiendo siempre con base en un sistema bipartidista. El que se quiere imponer con la reforma anunciada ayer es el de los gobiernos autoritarios, tipo Venezuela. Es un mecanismo de manipulación, no de representación.

En la coyuntura que vivimos, poner el énfasis en que los diputados provengan de ámbitos locales genera otro problema muy delicado: la infiltración en las listas de caciques y candidatos impulsados por el crimen organizado será más fácil que nunca, con muchas más oportunidades para colocar a su gente. En un contexto donde las campañas se definirán en lo local, pocos como esos grupos tienen posibilidades de imponer a sus candidatos y ya hemos visto que los partidos, todos, pero en forma notable Morena, han sido y son muy poco cuidadosos en la selección y el control de sus candidatos: sólo les importa que ganen. Ahí está el presidente municipal de Tequila para confirmarlo.

Ni la UIF ni mucho menos el INE podrán controlar esas candidaturas ni el flujo de dinero sucio que se generará, porque simplemente la reforma no contempla ni recursos ni mecanismos para hacerlo. Al contrario, reduce el presupuesto del INE y no se controlará el dinero sucio (recordar el caso Carmona), como ya hemos visto en 2021 y 2024, ni el de los programas sociales que se usa solapadamente en las campañas del oficialismo.

Un aspecto particularmente preocupante es lo anunciado por Pablo Gómez acerca de que se castigará en las campañas a quien difunda mentiras o fake news. ¿A quién se castigará?, ¿a quien las genere o a quien las publique?, ¿quién establecerá qué son mentiras o fake news?, ¿el propio gobierno o el INE?, ¿qué castigos se implementarán?, ¿las supuestas o reales mentiras castigadas serán las de los medios o de la oposición, pero no las del gobierno y de Morena y sus aliados?, porque tanto el sexenio pasado como en el actual ésa ha sido la norma en las mañaneras.

La propuesta es un desastre desde el punto de vista democrático, de la representatividad y del pluralismo, incluso para el derecho a la libre expresión y la libertad de prensa.

La única opción de frenarla es que los aliados de Morena, el Verde y el PT, total o parcialmente se opongan porque ellos resultan muy afectados. Y esperemos que los legisladores de MC, PRI y PAN se mantengan en la oposición y que no aparezcan personajes cooptados como en la reforma judicial.