Reforma electoral y censura

Si, como se divulgó ayer, lo que se plantea en la reforma electoral es reducir de 200 a 100 las diputaciones plurinominales y, además, ponerlas a votación en cada estado para, así, distribuirlas con base en esos porcentajes. Si, además, se propone quitar a los senadores plurinominales, dejando en la Cámara alta sólo dos senadores de mayoría y uno de minoría por estado, se estaría confirmando que regresamos, casi sin cambios, al sistema electoral de 1976, al de Díaz Ordaz y Echeverría. No son, como dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, reformas puntuales: modifican la forma y el fondo de la competencia electoral.

Me asombraría que el Partido Verde o el PT acepten esas reformas porque quedarían al borde de la desaparición. El martes, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, desacreditó por completo la propuesta de reforma electoral y el Verde está en la misma posición y recordemos que tiene 62 diputados y 18 senadores. El Verde disputará San Luis Potosí, donde, además, existe un conflicto por la ley antinepotismo, lo que frenaría la candidatura de la esposa del gobernador Ricardo Gallardo, la senadora Ruth González Silva, y Quintana Roo, donde la lucha por la candidatura para 2027 es cada día más abierta. El PVEM puede bloquear, junto con PT o ambos por su lado, cualquier reforma constitucional, ahora y en el futuro.

El otro instrumento que se está poniendo en práctica para cerrar aún más el sistema político es el llamado derecho de las audiencias, un mecanismo diseñado supuestamente para garantizar que la sociedad en los medios tenga voz, pero que, en realidad, es un instrumento de censura, operado desde el gobierno, contra las voces críticas. La Presidenta dijo el miércoles que se comenzará a aplicar próximamente y servirá para que la gente “tenga información adecuada”.

La pregunta es obvia: ¿quién decide que una información es o no “adecuada”, si una información es objetiva? ¿Quién dijo que todo lo que se emite en los medios tiene que ser adecuado o no herir sensibilidades?, ¿cuál es la distancia entre la opinión y la información? Por ejemplo, la Presidenta se quejó de que un medio había dicho que Trump le colgó la llamada del lunes porque tenía otros compromisos. ¿Cómo sabemos si eso es verdad o no, cuando el gobierno no ha difundido esa llamada? ¿Simplemente porque lo dice el gobierno? ¿Eso vulnera el derecho de las audiencias?

Pero es peor, porque quienes impondrán ese derecho resulta que son, todas, instancias controladas por el propio gobierno.

Acabamos de ver cómo se implementará esa ley censura en los propios medios públicos, estatales. En un programa de la televisión pública que se trasmite en canal 11 y canal 14, Sabina Berman entrevistó a Eduardo Verástegui. Pocas horas antes de salir al aire y cuando ya había sido anunciada y publicitada la entrevista en ambos canales, fue censurada y no se emitió porque el defensor de las audiencias del servicio de televisión pública, la que dirige Jenaro Villamil, un tal Lenin Martell, al que ninguna audiencia eligió, decidió que violaba el derecho de las audiencias. ¿Por qué? Porque Verástegui hablaba contra el aborto, contra las parejas del mismo sexo, criticaba al gobierno, y Lenin, en el nombre lleva la identidad, decidió que la gente no podía verlo y prohibió el programa.

A mí no me gusta el periodismo que hace Sabina Berman, claramente oficialista, y en ocasiones falaz, ni tampoco lo que piensa y dice Verástegui, con un discurso ultraconservador, tan radical una como el otro, pero creo que para eso están los medios: para poder ver y escuchar las opiniones de los distintos actores, incluso las que no nos gustan y con las que diferimos. ¿Qué derecho tiene el gobierno para tratarnos como menores de edad y decidir qué opiniones se pueden ver y escuchar y cuáles no?

Pero, además, tampoco respetan el derecho de las audiencias, porque incluso en esa ley censura se estipula que la misma se aplica a programas que ya se hayan trasmitido. Aquí lo que se hizo fue prohibir un programa antes de emitirlo: fue una censura previa que se supone que está prohibida en nuestro país. ¿Cómo pueden entonces las audiencias, si no lo vieron, establecer su criterio? Es simplemente censura y ya la han aplicado a muchos medios y periodistas en todo el país y ahora la imponen hasta a los más radicales de los suyos, en sus propias televisoras. Imagínese lo que harán con los demás.

TAMAULIPAS

Se asegura que, como parte de las negociaciones que se tienen con Washington, viene una tercera ola de envíos de narcotraficantes importantes hacia Estados Unidos y que cuatro delincuentes estarían ligados con grupos criminales de Tamaulipas.

Creo que es una buena decisión enviar criminales para que sean juzgados en Estados Unidos. El tema es qué va a pasar con los políticos relacionados con ellos, que es la principal demanda de la administración Trump. Esta misma semana circularon las fotos del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con reconocidos criminales ligados al crimen organizado en el estado, con cuatro de ellos prófugos de la justicia y con orden de captura federal, pertenecientes a la columna armada Pedro J. Méndez. Y fue en un evento religioso realizado en uno de los municipios que controla este grupo criminal, tolerado por las autoridades. Súmele el caso Carmona, las elecciones de 2021 en Tamaulipas y Sinaloa, el contrabando de combustible y mucho, mucho más.