El daño que le hace a la relación México-EU y al país, la necedad de proteger al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al senador, ahora independiente, Enrique Inzunza y a los otros acusados de Sinaloa, es altísimo. Es, en realidad, una protección autoimpuesta al lopezobradorismo más duro, sin ningún beneficio ni para la administración de la presidenta Sheinbaum ni para el país.
Estados Unidos no quitará el dedo del renglón sobre la necesidad de destruir las redes políticas de protección y complicidad con los grupos narcoterroristas, primero, porque tiene investigaciones y pruebas duras en su contra; segundo, porque negarse a procesarlos es un desafío directo a la administración Trump. Y eso torpedea una relación que abarca mucho más que la seguridad, pero que sin ella pierde sentido.
Ayer, luego de la reunión que mantuvieron el secretario de Estado de EU, Marco Rubio con el canciller Roberto Velasco, el vocero del departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo que Rubio exigió a México que tome “acciones decisivas” en la destrucción de las redes criminales que trafican con fentanilo y otras drogas. Demandó, dijo el vocero, privarlos de armas y detener por completo el tráfico de fentanilo hacia EU. Remarcó la necesidad de catalogar a los grupos del crimen organizado bajo la figura de organizaciones terroristas extranjeras. También que los flujos migratorios se frenen en la frontera, aunque los mismos se han reducido en forma notable desde que existe un operativo militar bilateral. Según el comunicado de la Cancillería mexicana, no se habló de todo esto, sino de la colaboración, de las deportaciones de migrantes y los operativos de ICE.
No fue la única reunión que mantuvo Velasco en la Unión Americana. Fuera de la mesa de seguridad nacional con el secretario Rubio, Velasco sostuvo otra donde participaron los embajadores Ron Johnson y Roberto Lazzeri con el subsecretario de Estado, Jacob Helberg, y trató sobre la cooperación bilateral en semiconductores, cadenas de suministro de IA y minerales críticos, con un eje central en las cadenas de valor tecnológicas. Helberg publicó en X que México está emergiendo como un “socio clave” en la construcción de las tecnologías que definirán este siglo: “America First, escribió, significa construir con socios en quienes confiamos”.
Recordemos que México es el principal socio comercial de EU. Pero hoy, cada vez más, el intercambio comercial y económico está pasando de las manufacturas a sectores estratégicos como las cadenas de valor tecnológico y los semiconductores, esenciales para romper la dependencia de EU con China. México exporta muchos equipos electrónicos y servidores vinculados a la IA, pero todavía importa la gran mayoría de los insumos base, sobre todo de China, por lo que el reto es retener mayor valor agregado dentro del país y conectar nuestras cadenas de producción con las estadunidenses.
En febrero de 2026, ambos gobiernos firmaron un acuerdo histórico para tratar el litio, el cobalto, el grafito y otros materiales como activos estratégicos de seguridad regional. El plan busca coordinar políticas comerciales, explorar precios mínimos en la frontera y realizar mapeos geológicos conjuntos. Hay trabas en el proceso que nos hemos puesto solos: haber creado la empresa paraestatal LitioMx para concentrar la producción de litio ha congelado las inversiones en el sector, al tiempo que esa empresa no ha generado absolutamente nada, y estamos perdiendo una enorme oportunidad en el sector.
Pero el centro de todo esto es Jalisco que concentra 70% de la industria nacional de diseño y desarrollo de circuitos integrados. El Cinvestav opera como sede del nuevo Parque de Semiconductores Avanzados de Jalisco. En agosto de 2026, la Sedeco de Jalisco y el fondo Carabela VC lanzaron una plataforma para financiar y acelerar a 15 nuevas empresas proveedoras nacionales de diseño y pruebas microelectrónicas para gigantes globales. Las posibilidades que se le abren al estado en ese ámbito son literalmente enormes.
Todo esto pasa por un claro objetivo político: la Casa Blanca presiona para reconfigurar las cadenas de suministro globales y eliminar la dependencia de China en tierras raras y componentes electrónicos.
Un acuerdo firmado a inicios de año funciona como un “blindaje” sectorial que trata los minerales de la región como activos de seguridad nacional, garantizando que las inversiones de Estados Unidos fluyan a México a cambio de asegurar que no entren insumos controlados por empresas estatales chinas. Eso todavía está en veremos.
La potencialidad de esos acuerdos podría transformar nuestra economía, pero el mayor riesgo para la relocalización tecnológica es la falta de certeza jurídica que deviene de la reforma judicial. Para que las transnacionales fondeen plantas avanzadas de chips (que requieren miles de millones de dólares), demandan que las reglas de origen del T-MEC se extiendan formalmente por otros 16 años sin caer en revisiones anuales inestables y que las reglas jurídicas se apliquen con imparcialidad a través de un Poder Judicial independiente.
Demandan también que esas cadenas de suministro no se vean amenazadas por la inseguridad que generan los grupos criminales, por las extorsiones, los secuestros y la violencia y consideran, con razón, que para acabar con ello se deben romper las cadenas de protección al crimen organizado, tomando, como dijo Rubio ayer, “acciones decisivas” en su contra. Todo eso está en juego, mientras aquí seguimos protegiendo a Rocha y a los demás criminales de la narcopolítica.