La reforma que envió el Ejecutivo federal para impedir que una persona con doble nacionalidad pueda ser presidente de la República, gobernador o jefe de Gobierno de la Ciudad de México es absoluta y totalmente regresiva. Y es, además, una reforma alejada respecto a cómo es este país y cómo estamos definidos los mexicanos.
Vamos por partes. Decía Chavela Vargas (nacida en Costa Rica) que “los mexicanos somos tan chingones que nacemos donde se nos da la gana”. Tener doble nacionalidad no implica ni un ápice de reducción del nacionalismo ni de la voluntad de defender al país. Hay aproximadamente treinta millones de paisanos del otro lado de la frontera, y buena parte de ellos tienen dos pasaportes. Hay millones más de este lado que también los tenemos. ¿Por qué? Porque nacieron allá y regresaron, porque sus padres emigraron, porque se casaron con alguien de otro país, porque trabajaron años fuera. Ninguna de esas circunstancias los hace menos mexicanos. La nacionalidad es una condición jurídica; la lealtad es otra cosa y no se mide por la cantidad de documentos que uno carga en la cartera.
El argumento oficial es que quien representa a México debe tener únicamente la ciudadanía mexicana, y que la doble nacionalidad abre la puerta a lealtades divididas. Es un argumento del siglo XIX aplicado a un país que vive en el XXI, en un mundo global donde la gente viaja muchísimo y donde las migraciones son la norma, no la excepción. Un país que recibe decenas de miles de millones de dólares al año en remesas de sus migrantes no puede, al mismo tiempo, tratar a esos migrantes y a sus hijos como sospechosos de deslealtad.
Lo que produce esta reforma es exactamente lo que dice no querer: mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Los que nacieron aquí de padres mexicanos y nunca salieron, y los otros. Con leyes así, muchos gobernadores, muchos legisladores y varios personajes que llegaron a la Presidencia de la República no habrían podido siquiera registrarse como candidatos. ¿Qué tiene que ver, en un mundo como el de hoy, un certificado de sangre con la capacidad de gobernar un estado o el país?
Y hay un problema práctico que casi nadie ha querido ver. El dictamen establece que no basta con presentar ante las autoridades mexicanas una declaración de renuncia a la segunda nacionalidad: el aspirante tendrá que demostrar que el país extranjero aceptó formalmente el trámite y dejó de considerarlo ciudadano antes de que cierre el registro de candidaturas. Es decir, la posibilidad de ser candidato en México quedará sujeta a los tiempos y a la burocracia de un gobierno extranjero. Si Washington tarda un año en procesar la renuncia, el aspirante se queda fuera. Nadie parece haber pensado en eso, o quizá sí lo pensaron.
Porque la pregunta de fondo es para qué se hace esto. Pensar que la reforma sirve para impedir una candidatura de Francisco García Cabeza de Vaca, que se ve poco menos que imposible, o de Ricardo Salinas Pliego o de Marcelo Ebrard o del personaje que usted quiera es una enorme tontería. Ninguno de ellos necesita esta reforma para ser vetado o para ser viable: eso se resuelve en la política, no en el artículo 82 de la Constitución. Usar la Carta Magna para cerrar el paso a adversarios reales o imaginarios es, además de mezquino, inútil: quien quiera competir renunciará a la otra nacionalidad y la recuperará después, como ya admitió en tribuna la diputada del PT Lilia Aguilar. Aguilar sostuvo que quienes renuncien a la doble nacionalidad para competir podrán recuperarla al terminar el cargo. Entonces, ¿de qué sirve?
Las críticas no vienen solo de la oposición. Larry Rubin, presidente de la American Society Mexico, calificó la iniciativa como un “gravísimo error”, y la respuesta oficial fue descalificar la crítica porque venía de alguien vinculado a Estados Unidos, lo que confirma el espíritu de la reforma. Julián LeBarón, que busca ser candidato independiente al gobierno de Chihuahua y tiene doble nacionalidad, la llamó una “cacería de brujas” y advirtió que no se necesitan dos nacionalidades para hacerle daño al país, ni tenerlas es prueba de que alguien vaya a hacerlo. Tiene razón: los conflictos de interés se miden por lo que la gente hace, no por dónde nació.
Y el propio oficialismo no está convencido. La iniciativa corre el riesgo de naufragar en el Senado por falta de votos para la mayoría calificada; incluso legisladores de la coalición gobernante expresaron reservas o su negativa a respaldarla. Cuando una reforma constitucional presentada por la Presidenta no consigue alinear ni a su propia bancada, algo dice de su calidad. Ésta no es una reforma nacionalista. Es una agresión a muchos millones de mexicanos que viven, trabajan y mandan dinero a este país desde fuera, y a otros tantos que vivimos aquí con dos pasaportes sin que eso nos reste un gramo de compromiso con México. Lo mejor que le puede pasar es que se quede, como parece, sin los votos para prosperar.
En 2019 Morena sostuvo que usar la nacionalidad para excluir mexicanos de cargos públicos era discriminatorio y cambió la ley para abrirle la puerta a Taibo II. Hoy quiere constitucionalizar la lógica contraria para los cargos más importantes del país.