“Un fantasma recorre México, es el fantasma de la CIA”, así podría comenzar, parafraseando a Marx, el nuevo manifiesto de la 4T. El gobierno federal comenzó a agitar el fantasma de la intervención cuando coincidieron el operativo en Chihuahua, donde habrían participado en calidad de observadores, dos agentes de la agencia que murieron en un accidente, con el pedido de detención con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza, el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, y otros siete funcionarios sinaloenses acusados por el gobierno de Estados Unidos de ser cómplices de Los Chapitos.
Ambos eventos no son siquiera comparables. Estamos hablando de la participación, en realidad observación, sin autorización federal, de dos agentes de una agencia extranjera, comparado con una estructura criminal que controlaba para un cártel de la droga las más altas instancias de gobierno, seguridad y justicia de un estado. La gran diferencia se establece en el intento de Morena y el gobierno federal de enjuiciar a la gobernadora Maru Campos por combatir a los cárteles al mismo tiempo que se defiende a capa y espada a diez funcionarios corruptos y aliados del crimen organizado.
Decir que no existen pruebas ni evidencias de la relación de Rocha y su estructura de gobierno con el crimen organizado es simplemente una falsedad. Existen denuncias y pruebas desde la misma elección de 2021, denuncias presentadas en el ámbito judicial y electoral: que el gobierno las haya desechado, a pesar de todas las evidencias y testimonios, es diferente. En la solicitud de detención con fines de extradición la administración Trump no necesitaba ni necesita entregar las pruebas al gobierno mexicano: esas pruebas pasaron por un gran jurado y un juez expidió las órdenes de aprehensión con base en ellas. La obligación del gobierno mexicano es detenerlos, entregarlos y el juicio en la Unión Americana dirá si son culpables o no.
Pero, mientras tanto, sólo con la solicitud, sabemos que la narrativa principal de los hechos deviene del testimonio de notables narcotraficantes que se están acogiendo a un régimen de colaboración con la justicia estadunidense: entre ellos Ismael El Mayo Zambada y Ovidio Guzmán López, aunque no son los únicos, el centenar de delincuentes enviados por México a Estados Unidos durante esta administración están buscando lo mismo, al tiempo que otros, desde Iván Archivaldo Guzmán hasta algún gobernador en funciones, están tratando de hacer lo mismo.
La línea argumental del gobierno federal enarbolando la soberanía para defender a un grupo de delincuentes está tan condenada al fracaso como la que busca condenar a una gobernadora de la oposición por combatir el narcotráfico. Con un punto adicional que no es menor: esa línea argumental está llevando a la ruptura con el gobierno de Estados Unidos. Lo ocurrido en los últimos días no es casualidad. Primero las declaraciones del presidente Trump, del fiscal Todd Blanche, de Pete Hegseth, secretario de Guerra, y del director de la DEA, Terry Cole, quienes dijeron en un lapso de apenas 48 horas que si México no combate a los cárteles lo harán ellos, es apenas el comienza de la ofensiva de su gobierno para desarticular las redes de protección política de los grupos que considera narcoterroristas.
Inmediatamente después, la nota de CNN sobre operaciones encubiertas de la CIA en México fue desmentida por la SSPC de México y un vocero de la agencia, pero el artículo fue ratificado por el New York Times, que especificaba que en el ataque con bomba contra un narcotraficante, saliendo del aeropuerto Felipe Ángeles, la CIA dio la información y fueron agentes mexicanos los que colocaron el explosivo. Todo puede ser, en lo personal, veo mucho más probable que haya sido una venganza entre cárteles que una operación encubierta tan compleja, porque, si se trataba de eliminar a alguien, podría haber sido mucho más sencilla (desgraciadamente comprobamos día con día que matar a alguien en nuestro país es baratísimo en términos judiciales y económicos).
Pero en la información está el mensaje. Es inocultable que hay presencia de la CIA y, legalmente, de otras 13 agencias de Estados Unidos en México, con agentes que van desde el combate a las drogas hasta el lavado de dinero, y participan, de una u otra forma, en muchos espacios territoriales, políticos y económicos. Esa trama y esos acuerdos son los que pueden comenzar a ser develados, con todas sus implicaciones, porque, más allá de la colaboración “sin precedentes” de las que habló, entre otros, el secretario Hegseth, lo cierto es que, como hemos insistido, si no se desarticulan las redes de protección y complicidad con el crimen organizado, éste simplemente se regenera. Y eso es lo que se niega a hacer el gobierno mexicano protegiendo a Rocha y a muchos otros más, y es lo que ha generado la reacción de Washington.
Con un agravante. Como escribió Ciro Gómez Leyva, en Morena tendrían que aprender de su propia experiencia: del intento de desafuero, con bases legales firmes, pero políticamente intransitable, de 2005 contra López Obrador, que catapultó su candidatura para 2006. Tenemos un muy buen capítulo sobre el tema en el libro que hicimos junto con Julio Scherer Ibarra, Ni venganza ni perdón (Planeta 2026), que les podría dar claridad sobre cómo aprovechó el entonces precandidato esa situación. Se llama efecto búmeran.