Defender a Trump e injerencia de EU

Para ser un presidente que dice estar contra el injerencismo extranjero en México o en cualquier otro país, Andrés Manuel López Obrador luce unos estándares bastante extraños. Ayer, en la misma conferencia mañanera, descalificó el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado que denuncia corrupciones, violencia e inseguridad y acoso contra medios y periodistas en México, dijo que era una suma de mentiras realizadas por funcionarios que nada tienen que ver con el presidente Joe Biden.

Dijo que era politiquería, al mismo tiempo apoyó al expresidente Donald Trump, que está siendo juzgado en un tribunal de Nueva York por haber sobornado con 130 mil dólares de dinero de su campaña de 2016 a la actriz porno Stormy Daniels y tratar de ocultar así la aventura sexual que tuvo con ella en 2006. Para López Obrador, la acusación de soborno con recursos de campaña no es un delito, es una estrategia para impedirle a Trump estar en la boleta del 2024 y aseguró que a él “le pasó lo mismo” con el intento de desafuero en 2005.

El presidente López Obrador le podría haber preguntado ayer al exsecretario de Estado, John Kerry, actual responsable de las políticas medioambientales del presidente Biden, qué tanto el Departamento de Estado es autónomo de la Casa Blanca. Kerry, que acompañó al Presidente a la conmemoración del natalicio de Juárez en Guelatao, Oaxaca, y que es uno de los políticos demócratas más comprometidos con la defensa de los derechos humanos desde la guerra de Vietnam, le podría haber explicado al Presidente que no hay dependencia más cercana a la Casa Blanca que el Departamento de Estado y que el tema de los derechos humanos es de los más importantes para las administraciones estadunidenses de origen demócrata desde el gobierno de Jimmy Carter en los años 70.

El informe del Departamento de Estado no está descubriendo el hilo negro. México llegará esta semana a 150 mil asesinados en lo que va del sexenio, hay más de 30 mil desaparecidos, México es el país del mundo con mayor cantidad de periodistas asesinados, y ésta es la administración federal que mayor cantidad de contratos de adjudicación directa ha otorgado en las últimas décadas, escudándose muchas veces en la seguridad nacional.

Para el presidente López Obrador, según dijo ayer, todo lo que denuncia el informe de derechos humanos del departamento de Estado es mentira y reiteró que la estrategia de seguridad, de abrazos y no balazos es un acierto que está dando resultados.

Más allá de eso, descalificar al Departamento de Estado diciendo que no tiene relación con el gobierno de Biden es como decir que el presidente López Obrador no sabe lo que hacen Adán Augusto, Claudia o Marcelo.

Atacar al sistema judicial de Estados Unidos porque está juzgando a Trump por un evidente delito, de los muchos que ha cometido, dentro y fuera de la presidencia de su país, sorprende sobre todo en alguien que en el párrafo anterior se quejó de la injerencia de Estados Unidos en México.

Hace unos días, los dirigentes de Morena pedían que fueran los tribunales de ese país los que juzgaran a Felipe Calderón y a otros políticos mexicanos después de que se sentenciara a Genaro García Luna. Ahora, denuncian que esos tribunales hacen politiquería porque defienden nada menos que a Trump. El expresidente tiene varias denuncias e investigaciones importantes en su contra: desde el caso de la actriz porno hasta el promover el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, desde llevarse documentos confidenciales al dejar el cargo hasta mentir y actuar con negligencia ante la pandemia; desde denunciar un fraude que nunca pudo comprobar en unas elecciones ratificadas por todos las instituciones del Estado hasta de haber concertado con los servicios de inteligencia de Vladimir Putin la campaña negra contra Hillary Clinton en 2016. Defender a Trump ante estas acusaciones define tanto al defensor como al acusado.

Pero, al mismo tiempo, el gobierno federal tiene una abierta actitud injerencista en muchos países como en Perú, incluso se niega a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico porque defiende al autogolpista Pedro Castillo, depuesto por el Congreso y acusado por el poder judicial de ese país. Nos puede gustar o no el nuevo gobierno de Perú; a mí me parece un desastre, pero es el que reconocen sus instituciones democráticas y el resto de los países. México no tiene justificación legal alguna para denunciarlo públicamente, como ha hecho el presidente López Obrador, o para desconocer normas diplomáticas como la de la presidencia de la Alianza del Pacífico.

Tampoco parecen interesarle demasiado los derechos humanos. No se denunció la toma del Capitolio y fuimos, con Putin, de los últimos gobiernos del mundo en reconocer el triunfo de Biden; condecoramos al gobierno “humanista” de Miguel Díaz-Canel en Cuba, a pesar de que estamos ante una dictadura que está llegando a los 65 años ininterrumpidos en el poder; no condenamos a la Nicaragua de Daniel Ortega, una dictadura peor que la de Anastasio Somoza, ni tocamos tampoco a Nicolás Maduro. Pero somos durísimos con el Parlamento Europeo porque denuncia el asesinato de periodistas en México; con España porque no se quieren disculpar por Hernán Cortés y la llegada de los españoles hace 400 años; descalificamos a los congresistas estadunidenses por reclamar por el tráfico de fentanilo, al poder judicial por enjuiciar a Trump y al Departamento de Estado por denunciar violaciones a los derechos humanos que todos sabemos que existen y son públicas. ¿Con qué lentes miramos el mundo?