Con un abrazo para mi amigo Diego Paulino por el fallecimiento de su padre, Agustín.
El gobierno de Claudia Sheinbaum está actuando ante las acusaciones contra Rubén Rocha, Enrique Inzunza y los otros ocho inculpados de ser parte de las redes del Cártel de Sinaloa por la justicia estadunidense, de la misma forma en que lo hizo el gobierno de Miguel de la Madrid ante el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985: cerrándose a la evidencia, protegiendo a quienes estaban relacionados por los acusados originales (en ese caso Manuel Bartlett, secretario de Gobernación y figura clave en el diseño de aquella estrategia y años después del lopezobradorismo), y prefiriendo ir a la confrontación con Estados Unidos con un discurso soberanista atonal en lugar de hacer justicia.
En el caso Camarena no se actuó en México contra las redes de protección y complicidad del Cártel de Guadalajara, e incluso cuando Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca fueron detenidos se negaron a enviarlos a Estados Unidos.
El costo de esa política fue altísimo: hubo un cierre de la frontera que debilitó gravemente la economía nacional; directivas de seguridad nacional que convirtieron a México prácticamente en un narcoestado; un congelamiento de relaciones, que se exhibió en una visita de De la Madrid a Washington, donde fue recibido por Reagan con denuncias en los medios y con una frialdad glacial; se impuso la certificación anual antidrogas y Reagan declaró la guerra contra las drogas. Comenzaron las acciones unilaterales: fue extraído de México el médico Álvarez Machain (acusado de haber estado en la tortura a Camarena) y en Estados Unidos fue detenido, como cómplice del asesinato de Camarena, el cuñado del presidente Echeverría, Rubén Zuno Arce, que fue condenado y pasó el resto de su vida en prisión.
La economía, ya fuertemente debilitada por la crisis de 1982, terminó en los suelos, mientras que el narcotráfico siguió creciendo inconteniblemente con la tolerancia de las autoridades. Cuando De la Madrid desapareció la Dirección Federal de Seguridad y el área de investigaciones políticas (DIPS), que controlaba Bartlett, muchos de sus comandantes se pasaron con armas e información al narcotráfico: ahí nacieron muchos de las complicidades actuales. En el contexto de esa relación naciente entre política y narcotráfico, fue asesinado por la DFS uno de los periodistas más importantes de aquellos años, Manuel Buendía.
Con el tiempo, esos políticos y funcionarios se convirtieron, junto con sus aliados políticos, como ahora, en la principal línea de confrontación para mantener, desde espacios de poder, una política de enfrentamiento abierto con Estados Unidos, escudados en un discurso soberanista y nacionalista. Lo hicieron con recursos que provenían del tráfico de cocaína (a lo que, con el tiempo, se fueron sumando las metanfetaminas y el fentanilo). Lo que era un cártel primitivo, intermediario con los colombianos, se transformó en unos años en, por lo menos, tres poderosas organizaciones criminales que adquirieron vida propia.
Muchos de los principales políticos involucrados en las actuales acusaciones abrevaron de aquellos políticos, que impulsaban la candidatura de Bartlett (que, recordemos, era el candidato original de la corriente democrática del PRI, de la que terminó surgiendo el FDN y luego el PRD, y entre los que participaba Andrés Manuel López Obrador, dirigente del PRI en Tabasco), que terminaron aislados (y se pasaron a la oposición) con el triunfo de Carlos Salinas en 1988.
Todos los involucrados de una u otra forma en las actuales acusaciones vienen de allí: Rubén Rocha, Enrique Inzunza, Américo Villarreal, Héctor Melesio Cuén, pero sobre todo Adán Augusto López, con largos años en el PRI, que terminó siendo el jefe político de todos ellos (que lo acompañaron en su precampaña presidencial en 2023), incluyendo al actual líder del senado, Ignacio Mier, sobrino y ahijado político de Bartlett y que fue el encargado de Sinaloa y Durango para Morena durante los comicios de 2018 y repitió esa responsabilidad en las cuestionadas elecciones de 2021. Y también López Obrador.
Pero el mundo de 2026 es muy diferente al de 1985. La relación de México con EU también. Para entonces la economía apenas comenzaba a abrirse al exterior, la Guerra Fría permitía oscilar entre los bloques, aunque la economía desde hacía años ya lo no soportaba. Hoy estamos integrados económica y socialmente con Estados Unidos como nunca antes: en el primer trimestre de este año, 85 por ciento de nuestras exportaciones fueron a la Unión Americana. El mundo es cada vez más unilateral, pero dividido en bloques en el cual el nuestro, el único posible, es América del Norte. La estrategia global de EU pasa por considerar al hemisferio americano como un espacio de seguridad interior, con todas las consecuencias que ello conlleva y, finalmente, la visión de Donald Trump es bastante más dura que la de aquel duro, que no lo era tanto, pero que le alcanzó para tirar el Muro de Berlín y el campo socialista, Ronald Reagan. Los cárteles hoy son considerados organizaciones terroristas, con todo lo que legalmente conlleva.
Mantener la posición que ha exhibido la administración de Sheinbaum en estos días es suicida, entre otras razones porque no se entiende que todos los acusados, si tienen oportunidad, están dispuestos a traicionarla. Y, si no, veamos al senador Inzunza buscando desde ahora al Departamento de Justicia de EU para convertirse en testigo colaborador.