No hay nada más endeble en el sistema de seguridad que las policías locales y las fiscalías. El caso de la joven Edith Guadalupe ejemplifica la profunda deficiencia del funcionamiento del sistema de justicia y la ausencia de un mínimo proceso de cercanía con las víctimas.
Cuando desaparecen en el país por lo menos 14 mujeres cada día, cuando los familiares tienen hasta la información precisa del último lugar donde estaba localizada la víctima, cuando se hubiera podido actuar con presteza, lo que recibieron los familiares de Edith fue, primero, la negativa a hacerlo; luego, la corrupción: el pedido de dinero para investigar; más tarde, la negligencia al haber llegado al lugar y retirarse porque no estaba el administrador del edificio donde había desaparecido la joven. A todo esto, en esas más de 24 horas de negligencia y corrupción, la familia, con sus propios recursos, tenía ubicado el lugar del crimen y mediante un investigador privado tenía hasta el video que mostraba a Edith entrando a ese edificio donde se demostraba, además, que no había salido de allí. Hasta que la familia bloqueó durante horas la avenida Revolución, frente al edificio donde Edith había desaparecido, la fiscalía no actuó.
Y no pasa nada, tres funcionarios medios, menores, fueron dados de baja, en los altos mandos de la fiscalía nadie se hace responsable y la vida sigue igual. Apenas esta semana la Fiscalía General de la República anunció que la investigación de las desapariciones se convertirá en su prioridad máxima, pero ¿qué prioridad puede haber cuando la mayoría de las fiscalías locales, como vimos en el caso de Edith Guadalupe, simplemente ignoran el delito o le repiten a cada familiar de una presunta víctima que espere 72 horas para presentar su denuncia? Según la mayoría de las investigaciones serias, es casi imposible encontrar con vida a una persona tres días después de su desaparición.
El problema es la impunidad con la que se mueven las autoridades. De la misma forma en que, ante una tragedia ecológica como lo fue el derrame de Pemex en la sonda de Campeche, tienen que transcurrir 67 días antes de que la autoridad reconozca lo sucedido y, pese a ello, ningún mando de la paraestatal o del gobierno federal se hace cargo de haberle mentido a la sociedad y a la propia Presidenta; en el ámbito de la seguridad, de las desapariciones y los feminicidios, no hay autoridad que asuma responsabilidad alguna.
Lo vimos, en el caso de las desapariciones, con el informe del comité de expertos y lo estamos viendo con la visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Cuando un fenómeno de esta magnitud ni siquiera se reconoce plenamente, no puede haber justicia. Cuando se exhibe un caso como el de Edith y ningún funcionario de alto nivel es responsable, tampoco.
Tenemos avances importantes en seguridad en el ámbito militar, de la Guardia Nacional y en forma destacada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los esfuerzos de coordinación, dentro y fuera del país, son reales, pero es muy difícil avanzar cuando las policías locales, en su mayoría, están cooptadas por el crimen, las fiscalías simplemente no funcionan o son cómplices, y no judicializan los procesos con jueces, que con la reforma, tampoco resultan confiables. No sólo prácticamente no se siguen de oficio muchos de los delitos graves que se cometen, sino que tampoco se investigan los que, como en el de Edith, se exhiben indicios sólidos como para saber que se cometió un delito.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que tres funcionarios medios y de bajo nivel fueron dados de baja por no investigar el caso de Edith; Bertha Alcalde, la fiscal, dice que fue indignante que no se indagara. Pero no asume responsabilidad alguna. La semana pasada se anunció que otros tres funcionarios de Pemex fueron dados de baja por “ocultar” el derrame de crudo. Un crimen ambiental gravísimo que ninguna fiscalía, ni local ni federal, ha investigado. Es como cuando en los asesinatos se descubre, cuando eso ocurre, a los asesinos materiales, pero nunca a los intelectuales o no se esclarece el móvil que lo generó. En realidad, todos esos crímenes quedan en la impunidad, desde el derrame de Pemex hasta el asesinato de Edith.
¿QUIÉN LE INFORMA A CSP?
En el caso del derrame de Pemex en dos ocasiones, en la mañanera, la presidenta Sheinbaum negó el derrame y la responsabilidad de Pemex. Lo mismo hicieron el director de Pemex, Víctor Rodríguez, el secretario de la Marina, el almirante Raymundo Morales y la secretaria de la Semarnat, Alicia Bárcena, que ni siquiera apareció. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, desmentía una y otra vez, lo que era evidente que ocurría en todo el litoral de su estado.
Ayer, la Presidenta dijo que no tenía información sobre ningún operativo conjunto con Estados Unidos en Chihuahua, luego del accidente en el que murieron dos funcionarios del estado y dos agentes instructores de EU, y pidió explicaciones al gobierno del estado. No era así: no hubo operativo conjunto con Estados Unidos; en el que participó, como siempre ocurre en estos casos, el Ejército mexicano, con fuerzas locales y fue muy exitoso. Las muertes de los funcionarios no ocurrieron en ese lugar, frontera de Chihuahua y Sinaloa, sino muy lejos de ahí, en la sierra tarahumara. Entiendo que la Presidenta venía de un largo viaje, inexplicablemente en vuelo comercial, desde España, pero su equipo más cercano ¿no puede acercarle información fidedigna sobre temas tan delicados?