A Luisa María Alcalde, una funcionaria joven que nunca ha tenido resultados destacables en sus distintas y altas responsabilidades (fue secretaria del Trabajo, de Gobernación y, hasta hoy, presidenta de Morena), que se ha visto envuelta en controversias personales, pero a la que siempre le ayudó la relación de su familia con el expresidente López Obrador, le ofrecieron ayer, aunque tampoco tenga experiencia en el tema, la Consejería Jurídica de la Presidencia, una posición de mucha responsabilidad trabajando junto a la Presidenta.
Luisa María, en un desplante de aquéllos que suele tener, no la aceptó de buenas a primeras, declaró que “lo está pensando” y “que ya la buscaré (a la Presidenta) para plantearle mi decisión”. Ya había subido un video días atrás, cuando arreciaban los rumores de que sería retirada de la presidencia del partido, de que ella sólo se iría si la Presidenta le ofrecía otra cosa. Pues el ofrecimiento ya estuvo y Luisa María contestó que lo tenía que pensar. Una falta de respeto a la Presidenta y, en los hechos, líder de su partido, que pocas veces hemos visto. Pero parece que está de moda desafiar, dentro de Morena, la investidura presidencial. Doce horas más tarde, “lo pensó” y aceptó el cargo de consejera jurídica.
Ya lo habíamos contado aquí en alguna ocasión: cuando estaba comenzando mi vida como reportero, me citó —iniciaba el gobierno de Salinas de Gortari— el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. No conocía personalmente al mítico político y ese día me concedió dos horas de plática en su oficina de Bucareli. De alguna forma, llegamos a la relación que se debía mantener con un presidente de la República (más allá de su nombre) y me dijo algo que se me quedó grabado: puede usted, me decía en aquella ocasión Gutiérrez Barrios, estar de acuerdo o no con un presidente, le puede caer bien o mal, pero “cuando la silla convoca, el convocado va”. No se puede, insistía, desairar a un presidente. No tiene nada que ver con tener o no simpatía con él, o ella en este caso, sino con el respeto a una institución y lo que representa. Creo que tenía razón.
La salida de Luisa María Alcalde de Morena está más que decidida. Ya se sabe, incluso, que su reemplazó será la operadora de los programas sociales, Ariadna Montiel, secretaría del Bienestar. La actual consejera jurídica, Estela Damián, una mujer de todas las confianzas de la Presidenta, se va a Guerrero a buscar la candidatura (hablando de disciplina partidaria, a ver qué hace Félix Salgado Macedonio, quien, por mucho, es el que está arriba en todas las encuestas).
La pregunta, en todo caso, es quién iría a Bienestar. Dicen que podría ser Rosa Icela Rodríguez y entonces un tercero llegaría a Gobernación (¿Alfonso Durazo, Omar García Harfuch si la seguridad regresa al Palacio de Cobián?). Andy López Beltrán, que se decía que sería reemplazado por Estela Damián, se queda en la Secretaría de Organización de Morena hasta las elecciones legislativas del 7 de junio en Coahuila, porque él se ha hecho cargo de ese proceso y quiere terminarlo, dice, con buenos números. Serían los primeros desde que está en esa posición partidaria.
Lo importante en todo esto es que se amarran los programas sociales con la operación y los votos a través de Ariadna Montiel: el dinero, los operadores, la estructura de la secretaría estará ahora a disposición del partido en el poder.
Esa decisión, sumada a la elección ayer de tres consejeros del INE, que son miembros de Morena: Blanca Cruz, Frida Gómez y Arturo Chávez, este último sin la menor experiencia en temas electorales, pero excolaborador directo de la presidenta Sheinbaum, cierra un círculo que nos regresa al gobierno de los años 70, a Echeverría o Díaz Ordaz: los tiempos del partido autoritario y prácticamente único que tenía en sus manos toda la estructura del poder.
En unos pocos años, Morena se ha quedado con todo: el Congreso (con una sobrerrepresentación fraudulenta), el Poder Judicial, eliminó a los órganos autónomos, las fiscalías son suyas y ahora termina de cooptar al INE (ya tenía el Tribunal Electoral), donde ya no habrá, salvo por conflictos internos, voces discordantes. Todo el poder está en una sola mano y, a pesar de eso, no deja de asombrar que los resultados en muchos ámbitos sean tan decrecientes.
La transición política, ésa que tanto alabamos en el pasado, que costó tanto tiempo y esfuerzo construir, que detonó la pluralidad y permitió la alternancia, de la que Morena y sus antecesores fueron siempre los mayores beneficiarios, ha muerto. Morena tratará de entonarle el réquiem en 2027, aunque su ineficiencia en muchos ámbitos, sobre todo economía y lucha contra la corrupción, junto con su negativa a romper las redes de protección política al crimen organizado, le puede generar costos para ellos, hoy, impensables.
No deja de ser triste que, con la caída definitiva del INE, se terminen de perder los espacios plurales y reguladores de un sistema que cada día es menos democrático. Le falta al sistema autoritario tomar el control completo de los medios. Con las iniciativas y propuestas que están estos días en construcción, lo esperan lograr. Y, aun así, no se sienten, ni están, todavía seguros.