Lo sucedido en Chihuahua, con la muerte de dos agentes estadunidenses, del director de la Agencia de Investigación Estatal, Pedro Oseguera Cervantes y de un miembro de la misma institución, fue una tragedia. Lo fue porque fallecieron funcionarios mexicanos y estadunidenses serios, que trabajaban para acabar con grupos criminales dentro y fuera de nuestro país, y porque esa tragedia algunos intentan convertirla en una farsa, en una comedia político-electoral de cara a los comicios del año próximo en Chihuahua, sin medir las consecuencias.
Habrá que establecer con claridad qué sucedió y la versión proporcionada por la comisión del estado de Chihuahua parece ajustarse bastante a la realidad: los agentes estadunidenses fueron invitados (sin atribuciones para ello) por el jefe de la Agencia de Investigación Estatal a observar el operativo en donde se incautó uno de los mayores narcolaboratorios de México, distribuido en un espacio de unas 100 hectáreas (un dato que, quienes buscan politizar en términos electorales el tema ignoran cuidadosamente) donde esos agentes no participaron operativamente, no iban armados, no portaban uniformes. La información original que dio el fiscal César Jáuregui no se ciñó a la realidad, por eso tuvo que renunciar. La relación con las fuerzas de seguridad estadunidense la llevaba el fallecido director de la Agencia de Investigación Estatal, que era, además, un funcionario bien valorado a ambos lados de la frontera. ¿Hubo irregularidades? Seguramente, pero también, como reconoció el titular de la SSC, Omar García Harfuch, la gobernadora Maru Campos no conocía a detalle esos hechos como tampoco el gobierno federal.
Los grupos duros en el Senado de Morena, todavía muy influenciados por Adán Augusto López, han tratado de darle otra dimensión al tema porque apoyan la candidatura de Andrea Chávez (a diferencia de otros sectores de Morena en el estado que prefieren al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar) y de darle un cariz electoral.
Pero en el gobierno federal, sobre todo en el Gabinete de Seguridad, saben que la clave está en la moderación ante un tema que es especialmente complejo y que se puede complicar en muchas instancias federales y estatales.
En México operan cotidianamente 13 agencias y dependencias federales estadunidenses con presencia o acreditación en el país, bajo diferentes esquemas de cooperación con el gobierno mexicano. Tienen presencia y operación en México, la Administración para el Control de Drogas (DEA); el Buró Federal de Investigaciones (FBI); la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS); la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (OIA-DoJ); la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional (OPDAT); el Departamento de Seguridad Interior (DHS); la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); el Servicio Secreto de Estados Unidos; la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA); la Agregaduría del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).
Aunque no se reporta públicamente, también hay agentes de la CIA (que por norma no se acreditan como tales) y de otras agencias de inteligencia, también existe una profunda colaboración militar a través del Comando Norte, con presencia de militares mexicanos en Estados Unidos y de ese país en México, más allá de las misiones de entrenamiento existentes. Y además están todos los mecanismos de recolección de información cibernética y a distancia, como los que se recopilan vía drones, satélites e intervenciones telefónicas y de redes globales, como los que realiza la NSA.
Todos los estados fronterizos del norte del país tienen convenios de cooperación con las agencias estadunidenses, en la mayoría de los casos por encima de los acuerdos federales. Son necesarios para la operación cotidiana y terminan siendo benéficos a ambos lados de la frontera.
Después de la detención del general Salvador Cienfuegos se expidió una Ley de Seguridad Nacional que, como dijimos aquí en aquel momento, resultaría, como ocurre, inoperante y alejada de la realidad operativa de las agencias de seguridad y de la interrelación que tienen México y Estados Unidos. Decíamos, entonces, diciembre de 2020, que “la ley es inútil porque así no funciona ninguna agencia de seguridad, ninguna registrará sus activos, ninguna compartirá gentilmente su información ni mucho menos entregará al gobierno un informe mensual de sus actividades. Sólo puede ser peor que una mala ley, una ley que no se puede cumplir. Y éste es el caso”.
“La ley en cuestión, agregamos, dificultará la cooperación con Estados Unidos y ésa no es una buena noticia pese al abuso que han cometido algunas de esas agencias (y algunos de sus agentes) durante años, sobre todo durante la administración de Donald Trump, en México. La cooperación es insalvable e imprescindible, pero debe basarse en acuerdos firmes y claros”.
Esos acuerdos existen, pero no sabemos sus términos más allá de conceptos generales sobre soberanía y no intervención que, en el mundo actual, sino tienen un contexto real, terminan diciendo bastante poco. Pero lo peor que se puede hacer ante conflictos reales, como el sucedido en Chihuahua, es querer partidizar un tema que está sujeto a tantas interpretaciones y en el que, además, los hilos que entrelazan al gobierno federal, al de Estados Unidos, a las agencias, a los estados, están en muchos sentidos demasiado entrecruzados y tejidos en la secrecía.