Aborto: un hito ciudadano, social y político

Muchas veces se presenta el tema del aborto como si fuera una norma que obligara a cualquiera a cumplirla. Claro que no es así: se trata de un derecho que una mujer puede utilizar de acuerdo con las normas legales vigentes. Nadie obliga a nadie a realizarse o realizar un aborto, pero lo que decidió la Corte es que nadie tampoco puede penalizarlo si una mujer decide utilizar ese derecho. Dos intervenciones me parecen particularmente importantes en este debate. Una, la que hizo la ministra Yazmín Esquivel, que sostuvo que los derechos “de la mujer se concretan en tres dimensiones de su autonomía: económica, en la toma de decisiones y física. Estas dimensiones se traducen, finalmente en su dignidad y autorrealización... El proyecto de vida de las mujeres debe sustentarse en el derecho a decidir de manera autónoma, sin coerción ni violencia, con consentimiento y conocimiento pleno, a vivir conforme la planeación que decida”. Y la posición del ministro presidente, Arturo Zaldívar, que sostuvo que “hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo. Criminalizar a la mujer, sobre todo a la más pobre y vulnerable, es profundamente injusto y abiertamente inconstitucional”. Establecer el derecho de la mujer a su autonomía en esas tres dimensiones y, por otra parte, apelar a la conciencia social de rechazar la criminalización de las mujeres, sobre todo a las pobres y vulnerables, es lo que le da sentido y contenido a esta resolución.

No será bien tomada por todos: las iglesias, católica y evangélica, ya han levantado su voz contra esta resolución. También lo harán grupos políticos y algunas autoridades. No sólo del PRI y del PAN, sino también por sectores que se dicen de izquierda, pero que no contemplaron en su agenda jamás avanzar en este tipo de normas. Por eso es parte de un profundo debate dentro de los propios partidos políticos y el eje es precisamente el abordado por el pleno de la Corte: la posibilidad de penalizar o no ese derecho adquirido de las mujeres, entendiendo que si es derecho no es penalizable.

El tema también tiene muchas otras ramificaciones, incluso internacionales. En Estados Unidos, el derecho al aborto, impuesto por la Suprema Corte desde los años 70 por la famosa resolución Wade vs. Roe, que despenaliza el aborto en los seis primeros meses de embarazo si el feto no puede vivir fuera del útero, está siendo cuestionado en la propia Corte, ahora con fuerte presencia ultraconservadora. Ya la Corte configurada por Trump dio luz verde a leyes antiaborto de Texas y Misisipi que quieren replicar otros estados: en Texas se resolvió que cualquier mujer que se realice un aborto después de las seis semanas de embarazo, cuando la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas, es castigada penalmente, lo mismo que el personal sanitario que la asista. Pero, además, se habilitan espacios en la red para que se pueda denunciar anónimamente a mujeres, médicos, enfermeras que hayan realizado un aborto. Y son varios los estados, nada menos que 14, que están tratando de impulsar una ley similar.

La administración Biden se opone firmemente a la Suprema Corte de la Unión Americana en este tema, pero los sectores más conservadores y buena parte del Partido Republicano la quieren convertir, junto con la migración, en sus banderas de campaña para la elección intermedia de noviembre de 2022.

La Suprema Corte ha sufrido muchos y diferentes embates en los últimos tiempos, algunos justificados, otros no. En última instancia, lo que siempre está en debate es su autonomía y capacidad de hacer justicia, más allá de las presiones políticas, económicas y sociales. La de ayer fue una jornada que la reivindica.