Sin jueces no habrá democracia

Hoy, los mexicanos no pueden defenderse integralmente de las autoridades porque Morena modificó la Ley de Amparo para limitarlos, es decir, para reducir sus derechos. Pero ahora disolverá el Poder Judicial de la Federación, cesará a todos los juzgadores federales y usted no tendrá la garantía de contar con jueces que provengan del esfuerzo y el rigor de lo que se llama la “carrera judicial”.

Sin tecnicismos, el país se sumirá en años de inestabilidad en los que los juzgados y tribunales no podrán emitir sentencias de calidad y, en su caso, tampoco habría quienes los revisen, porque no sabrán juzgar y tampoco sabemos a quiénes obedecerán: a Morena, al crimen organizado, a intereses políticos.

Ciertamente, la candidata de Morena ganó con un amplio margen, pero esos votos fueron para ella, no para el Presidente saliente, quien ahora se abroga el “mandato” de esos votos y lo transmuta en la narrativa de que los sufragantes avalaron demoler el régimen democrático, vengarse de quienes impidieron que violara la Constitución —los juzgadores— y entregar un poder del Estado a intereses que han violentado a los mexicanos, inclusive, en su derecho a la vida.

Esa es la conclusión reiterada de académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil, de juzgadores de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del PJF (JUFED), en voz de su directora nacional, jueza Juana Fuentes, así como de agrupaciones hermanas y de trabajadores a lo largo de los foros de consulta organizados por los diputados de Morena.

Sin embargo, algunos de ellos refuerzan la idea de la farsa. Ahí está el hecho de que le impidieran el uso de la palabra a la jueza Fuentes Velázquez, directora de la principal organización de juzgadores federales, en el foro de Puebla que, por cierto, fue llenado con simpatizantes partidistas y algunos golpeadores. ¿Para?

¿Por qué cancelarla? Esto, sin duda, deslegitima los foros y refuerza la especie de que la decisión está tomada, como lo dice Fernández Noroña.

Y como lo reafirma la campaña desproporcionada del Ejecutivo federal, usando todos los recursos públicos y mediáticos, para denostar a los juzgadores y justificar la disolución del PJF.

Este ataque de un Poder contra otro es lo que cruza la frontera de la legalidad y ha propiciado que en los foros internacionales se comience a hablar de un “golpe de Estado técnico”, no militar, sino mediante el uso de una mayoría legislativa.

Morena dice que usted votó para que esto sea una realidad. Yo opino que no. Usted votó por un nuevo gobierno, pero el gobierno saliente dice que votó por él para disolver a los jueces que lo pueden defender. Ese gobierno saliente puede decir que usted también votó por la expropiación de las empresas extranjeras, porque el Ejército pueda cometer excesos sin que sus miembros sean juzgados por civiles y un largo etcétera.

Si la pretensión de desaparecer a los jueces de la democracia fuera en verdad una mejora, por qué se deja sin tocar el deficiente sistema de justicia que convirtió este sexenio en el más violento de la historia de México: fiscalías, Guardia Nacional, policías estatales, tribunales locales donde se designa sin procesos de evaluación. Esta es la segunda gran conclusión de los foros.

Si esto no fuera un golpe al Poder Judicial no habría alerta internacional ni el peso seguiría en devaluación. La calificadora Fitch Ratings subrayó a la comunidad financiera que las modificaciones al método de selección de los jueces generan preocupación en los inversionistas sobre la imparcialidad judicial para resolver conflictos entre autoridades gubernamentales y empresas.

La mayoría que pretende Morena podría desplazar el equilibrio de poder permitiendo un debilitamiento de controles y contrapesos.