Linchar jueces en defensa de criminales

En la conferencia cotidiana del gobierno federal se aceptó que existen candidatos vinculados al narcotráfico, pero que no son tantos y, en cambio, como si eso no fuera grave en media crisis de seguridad regional con Donald Trump, se invoca a las autoridades de Seguridad a linchar públicamente, al estilo obradorista, a los juzgadores que han dictado resoluciones que considera a favor de los infractores.

Como siempre, se cuenta una parte de la historia. La autoridad se cuida de llamarles “presuntos” y evita cualquier mención a las deficiencias de los primeros respondientes, es decir, los que los detuvieron o presentaron ante las fiscalías, que propiciaron las cuestionadas resoluciones.

Pero no hay que perder de vista dos elementos revelados por fuentes moderadas de Morena: una semana antes de las elecciones se enviarán a los estados las listas con los nombres de los candidatos que cada dirigencia estatal llevará a sus militantes y a quienes pueda movilizar a votar por ellos. Curiosamente, las ciudades (ya no puedo decir circuitos) que más le interesan son donde las empresas tienen registradas sus razones sociales.

Y, al mismo tiempo, no deje de observar que los juzgadores a los que se señala de beneficiar al crimen, si no hubo una queja en lo que queda del Consejo de la Judicatura, entonces debe asumirse como una campaña negra. Y no sabemos si la consejera presidenta del INE tenga la altura democrática para llamar al cumplimiento de la ley a quien la designó. Veremos.

Paradójico resulta que los adeptos a Morena sean muy laxos frente a casos de funcionarios que han defraudado al pueblo con cifras escandalosas, incluso que las ocurridas en el pasado. Y, con ello, el Ejecutivo federal le da la razón al expresidente Ernesto Zedillo.

Se respetan las decisiones electorales de los ciudadanos por votar por una opción política, pero no acaso estaremos viendo un retroceso en las aspiraciones ciudadanas de volver a los años que acuñaron la demencial frase “la corrupción somos todos”.

El caso del presunto implicado Ignacio Ovalle —expriista, compañero de partido y amigo personal de López Obrador— en el fraude al organismo Segalmex por 15 mil millones de pesos, es emblemático. Se le protegió y ningún elector se indignó: “Todos roban”, es la disculpa popular. ¿Dónde lo veremos próximamente?

Por eso resulta interesante la denuncia contra el protegido de AMLO, otra vez, e impuesto al gobierno actual, el exgobernador de Veracruz. Viniendo la denuncia de una integrante de su mismo partido, no hace más que revelar que no todos están dispuestos a obedecer la nueva línea. No es lo mismo el primero que el segundo.

Es un hecho que la reforma judicial desfondará económicamente a México: ahuyentará los capitales extranjeros.

Muy oportuno el estudio La tormenta judicial, coordinado por Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes, y prologado por el jurista argentino Roberto Gargarella. A reserva de tratarlo en una futura entrega.

Para Gargarella, la reforma se constituye en una amenaza estructural. El sistema pierde su capacidad de autorregulación y se acerca peligrosamente a una lógica autoritaria, aun si las formas democráticas se mantienen en apariencia.

Para Gargarella, existe una crítica radical al procedimiento mismo de la reforma constitucional. ¿Puede una reforma tan profunda ser impulsada por los mismos actores que gobiernan cotidianamente? ¿Dónde queda la deliberación pública? ¿Dónde está la expresión real de la voluntad popular? La reforma fue tramitada con una celeridad inaudita, como si se tratara de un cambio menor. Pero lo que se reformó no fue un reglamento administrativo: se tocó el núcleo del equilibrio institucional.

“También se invocó el noble ideal de democratizar la justicia”, una consigna que, si no se define con rigor, puede prestarse al autoritarismo disfrazado. Elegir jueces por voto popular no garantiza justicia democrática.