Las elecciones de 2027 serán como las previas a la transición. Un salto a las prácticas antidemocráticas del viejo priismo, al fraude, pero hoy influenciadas por un partido que camina de la mano del crimen y que se distingue por la corrupción. El INE, es el gran sospechoso.
Las dudas tienen antecedentes. En 2023, Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE mediante insaculación. Desde entonces fue cuestionada por sus vínculos familiares con funcionarios de gobiernos emanados de Morena. Su designación fue validada por el Tribunal Electoral, pero los cuestionamientos sobre su cercanía política permanecen.
En 2026, Morena, PT y PVEM utilizaron su mayoría calificada para elegir, con 334 votos y sin el respaldo de PAN, PRI y MC, a tres nuevos consejeros. Entre ellos Arturo Manuel Chávez López, quien había dirigido Talleres Gráficos de México y cuya cercanía con Claudia Sheinbaum ha sido documentada. Cuando quienes deben arbitrar una elección llegan cuestionados por su proximidad al grupo gobernante, su obligación de demostrar independencia aumenta.
El antecedente más preocupante es la mal llamada elección judicial de 2025. No son percepciones. El propio INE excluyó del cómputo de la elección de ministros de la Corte 818 casillas por anomalías: participaciones de 100% o superiores al listado nominal, boletas sin señales de haber sido introducidas en las urnas, candidaturas que recibieron todos los votos y tiempos de votación materialmente imposibles.
Aparecieron también los “acordeones”, guías que indicaban por quién votar. El INE recibió denuncias y documentó decenas de modelos. El consejero Arturo Castillo señaló que las candidaturas ganadoras de los órganos nacionales coincidían entre 80% y 85% con las promovidas en esos materiales. Observadores reportaron además acordeones e inducción del voto dentro y fuera de casillas. Pese a ello, el INE declaró válidas las elecciones, aunque algunos consejeros sostuvieron que las anomalías generaban una duda razonable sobre su validez.
Y ahora viene 2027. Los ciudadanos sorteados volverán a recibir y contar los votos. Pero importa también quién selecciona y capacita a esos ciudadanos. En la estrategia electoral 2026-2027 se modificaron controles para detectar afiliación partidista entre aspirantes a supervisores y capacitadores. Consejeros como Martín Faz y Arturo Castillo han cuestionado esa flexibilización. Castillo también ha advertido sobre los controles para detectar servidores públicos entre observadores electorales.
Están además las llamadas “boletas planchadas”: papeletas encontradas en las urnas sin los dobleces normales de un voto depositado por un ciudadano. No demuestran por sí mismas un fraude, pero Castillo ha advertido que plantean dudas sobre si esos sufragios fueron emitidos libremente y por quienes tenían derecho a hacerlo.
La advertencia más seria viene entonces del propio INE. Castillo ha distinguido entre la capacidad del instituto para organizar una elección y su responsabilidad de arbitrarla. La maquinaria puede funcionar: instalar casillas, distribuir boletas y capacitar ciudadanos. La duda es si existirán controles suficientes para impedir y sancionar la intervención de estructuras políticas.
Por eso en 2027 no bastará preguntar quién contará los votos. Habrá que preguntar quién vigilará a quienes capacitan; cómo se impedirá la intervención del narcotráfico, militantes y servidores públicos; ¿El INE investigará cualquier anomalía sin importar a quién beneficie?
Después de 2025 y la supermayoría que el TEPJF avaló contra la Constitución tampoco puede haber un cheque en blanco a los ciudadanos. La confianza electoral no se decreta. ¿Regresaremos a la defensa de los votos en las calles, con actos de desobediencia civil?
Aclaración pertinente: México no está arrodillado ni doblegado, Morena sí ante Estados Unidos por la corrupción que quiere, eso sí, doblegar a los mexicanos: Ya lo dicen las cortes de ese país.