No está en disputa la soberanía de México. Lo que realmente está en disputa es algo más delicado y más incómodo para el poder público: si el Estado mexicano está dispuesto a aceptar las consecuencias jurídicas, políticas y morales de los tratados internacionales que libremente firmó y ratificó. El choque reciente entre éste y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no revela, en el fondo, una intromisión externa, sino una tensión mucho más profunda entre el discurso soberanista y la obligación de rendir cuentas frente a una tragedia nacional.
Reducir la discusión a un agravio diplomático o a una supuesta extralimitación del Comité es, en el mejor de los casos, una maniobra de distracción. La pregunta de fondo no es si México debe tolerar “señalamientos” internacionales, sino si puede seguir negando la magnitud de una crisis humanitaria que se mide en personas desaparecidas, restos sin identificar, familias abandonadas y territorios enteros marcados por la impunidad.
Cuando un órgano creado por un tratado que México aceptó activa uno de los mecanismos más serios de supervisión internacional, el problema no es el mensajero. El problema es la realidad que ese mensajero está describiendo.
Lo jurídicamente relevante, además, no es probar una orden centralizada ni una política explícita de desaparición dictada desde la cúspide del poder. Lo que el derecho internacional obliga a examinar es si existe un patrón extendido de desapariciones en el que intervengan agentes estatales o en el que operen con su apoyo, tolerancia, aquiescencia o colusión.
Y ahí radica el punto más incómodo para el Estado mexicano: no basta con negar una política formal; tiene que explicar por qué, pese a las leyes, las instituciones y los compromisos internacionales asumidos, la desaparición sigue siendo una herida abierta, masiva y persistente. López Obrador le tuvo miedo, y éste lo heredó.
Por eso conviene poner las cosas en su lugar. El Comité contra la Desaparición Forzada no es un actor ajeno que haya irrumpido en la discusión mexicana sin legitimidad. Es un órgano previsto por una convención que el propio Estado aceptó soberanamente, y su función no es sustituir a las autoridades nacionales, sino vigilar el cumplimiento de obligaciones asumidas por los propios Estados. Descalificarlo cuando su diagnóstico incomoda equivale a vaciar de contenido al derecho internacional justo en el momento en que deja de ser una pieza retórica y empieza a exigir resultados.
La activación del artículo 34 no es una condena penal ni una intervención extranjera. Es un mecanismo excepcional de alerta previsto por el tratado para situaciones de especial gravedad. México no es víctima de un abuso internacional: está siendo confrontado con una cláusula que conocía, aceptó y ratificó. De ahí que la reacción defensiva del gobierno se vea más como una respuesta política al costo del señalamiento que como una objeción jurídica sólida.
La cuestión de fondo, además, ya no puede leerse como una suma de casos aislados. La desaparición en México surge desde hace años como un fenómeno persistente, extendido y sostenido por redes de corrupción, colusión criminal, debilidad ministerial, negligencia forense y abandono institucional. El problema no es sólo quién desaparece, sino quién no busca, quién no identifica, quién no investiga y quién termina beneficiándose de ese vacío. Una democracia puede soportar el reconocimiento de sus crímenes; lo que la erosiona de verdad es la normalización de la impunidad.
La soberanía no consiste en blindarse frente al escrutinio, sino en proteger a la población y responder cuando esa protección falla. Un Estado soberano no es el que niega la crisis, sino el que la enfrenta con verdad, justicia y reparación. Cuando la prioridad oficial es desacreditar al órgano internacional, lo que se exhibe no es fortaleza, sino vulnerabilidad política, contradicción de la ¿izquierda?
En ese punto, una comisión de la verdad no sería una extravagancia, sino el reconocimiento de que las vías existentes no han bastado.