Violencia contra candidatos: ¿hasta dónde llegaremos?

En los últimos años, México ha sido testigo de un aumento alarmante en materia de agresiones contra candidatos, aspirantes y políticos durante los procesos electorales. Este fenómeno, asociado a la situación de inseguridad generalizada que enfrenta el país, lejos de disminuir, parece no encontrar freno, lo cual representa un serio desafío para la democracia en territorio mexicano.

De acuerdo con estudios de casas consultoras como Etellekt, los dos procesos electorales anteriores al presente se ubican entre los más violentos en la historia reciente con, al menos, 850 agresiones y un saldo de 175 políticos asesinados en un periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018; mientras que el proceso electoral 2021 registró un estimado de más de mil delitos globales en contra de personas políticas. Actualmente, persiste un escenario de alto riesgo que podría llevar al proceso actual a superar esas estadísticas.

En lo que respecta a estas elecciones, ya han surgido casos de precandidatos y candidatos que se han retirado bajo amenaza de grupos de la delincuencia organizada, al menos dos decenas han sido asesinadas y más de 70 aspirantes a cargos han solicitado protección para el periodo de campañas.

Dicha tendencia preocupante pone en entredicho la seguridad y la integridad de aquellos que buscan representar a la ciudadanía, pues la violencia contra funcionarios, políticos y candidatos no sólo atenta contra los mismos, sino que también pone en riesgo la vida de muchas personas que son parte de los equipos operativos y de campaña, así como de familiares y personas cercanas, al tiempo que socava los cimientos de la democracia mexicana y es capaz de reprimir la voluntad ciudadana a base de temor.

Lo anterior ha despertado, incluso, la preocupación de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, que en periodos anteriores ha llamado a nuestras autoridades mexicanas para actuar contra los crímenes cometidos en el marco de los comicios y a garantizar la seguridad de los actores políticos.

Asimismo, como resultado de este problema, en ambas cámaras del Congreso de la Unión se han presentado, al menos, cinco decenas de iniciativas relacionadas con la prevención y el combate de la violencia política.

De acuerdo con analistas y expertos, los motivos detrás de este incremento en la violencia derivan de las actuales condiciones de inseguridad, la contrastante polarización política, la presión de organizaciones de la delincuencia organizada, la infiltración del crimen organizado en la política a escala local y la impunidad, que juega un papel fundamental.

De modo que, para abordar este problema de manera efectiva es necesaria la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el gobierno federal, a fin de reforzar las medidas de seguridad y echar a andar lo antes posible el plan de protección para las y los candidatos, cuyo mapa de riesgo aún está pendiente.

No obstante, es preciso un proyecto todavía más ambicioso, cuyo efecto no sea emergente y que las autoridades mexicanas den seguimiento e investiguen de manera exhaustiva los crímenes para evitar que las muertes en cada proceso queden impunes, pues la falta de resultados en las investigaciones envía un mensaje de permisividad que incentiva a los criminales a seguir cometiendo los actos violentos.

Igualmente, es necesario fortalecer las instituciones democráticas e involucrar a la ciudadanía en la práctica de una cultura política basada en la tolerancia, pues todos podemos trabajar para garantizar elecciones libres, justas y seguras para todos los ciudadanos.