Hablar de transporte público en la Ciudad de México es hablar también de justicia social. Vagones llenos, estaciones saturadas, tiempos de espera o unidades que avanzan a paso lento entre el tráfico, definen los traslados y éstos, a su vez, cuánto tiempo le queda a una persona para descansar, estudiar, convivir o cubrir otras necesidades.
En una ciudad donde millones de personas dependen del Metro, el Metrobús, el Trolebús, el Cablebús, el Tren Ligero o las conexiones metropolitanas para llegar a sus actividades, la movilidad no puede tratarse sólo como un asunto técnico, pues es una condición básica de igualdad.
De acuerdo con los datos más recientes de la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros del Inegi, durante marzo de este año, los sistemas de transporte urbano en México movilizaron al menos 257 millones de pasajeros, de los cuales más de 187 millones fueron de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), lo cual es equivalente a 72.96% del total nacional. La red de transporte público de la capital y su zona conurbada se mantiene como el principal soporte del tránsito de la vida cotidiana del país.
Más allá del volumen, los datos reiteran la enorme dependencia que existe hacia sistemas como el Metro, que en marzo movilizó a 107.4 millones de usuarios, es decir, alrededor de 57% de los pasajeros registrados en la Zona Metropolitana; o el Metrobús que transportó a 36.4 millones. Y más allá de los números, hablamos de trabajadores que cruzan la ciudad antes del amanecer, estudiantes que combinan rutas para llegar a clase, personas cuidadoras que se trasladan con niñas, niños o adultos mayores, y familias que destinan una parte importante de su día a moverse.
Es aquí donde entra el transporte como justicia o, mejor dicho, injusticia social, pues cuando funciona mal, la desigualdad se profundiza. Para quien no tiene la opción de moverse en auto propio, transporte privado o la posibilidad de trabajar desde casa, no hay otra alternativa que pagar el costo con tiempo, cansancio, incertidumbre y miedo. Así, una demora no es sólo una molestia, puede significar llegar tarde al empleo, perder una cita médica, reducir horas de descanso o regresar de noche poniendo en riesgo la seguridad. Por el contrario, una red suficiente, accesible, segura y bien conectada, da a las personas la posibilidad de optimizar sus tiempos y así acceder a mejor calidad de vida.
Y no sobra recordar, que con la llegada del Mundial, la CDMX enfrenta el gran reto de movilizar a esos 187 millones de personas que se trasladan actualmente en la ZMVM, junto con los miles de turistas que transitarán de forma temporal. Si el evento sirve para acelerar el mantenimiento, mejorar la señalización, ordenar conexiones, reforzar seguridad, ampliar horarios o invertir en infraestructura, bienvenido. Pero no debemos perder de vista que la ciudad debe prepararse más para no fallarle a quienes ya la habitan, que para recibir visitantes.
Hablar del transporte público exige mirar más allá de las cifras, exige garantizar a una trabajadora que puede volver segura a su casa, a un estudiante un mejor tiempo de traslado o a una persona con discapacidad condiciones reales para moverse.
Los millones de viajes registrados en el transporte público cada mes no son sólo indicadores de demanda, son evidencia de una responsabilidad pública enorme. Si la Zona Metropolitana concentra casi tres cuartas partes de los usuarios del transporte urbano nacional, entonces también concentra la urgencia de invertir, mantener, coordinar y planear con visión metropolitana.
Una ciudad se mide por la forma en que trata a quienes se mueven en ella. La Ciudad de México puede recibir al mundo con orgullo, pero ese orgullo será más sólido si parte del verdadero derecho a la ciudad y de la convicción de que moverse no debe ser un privilegio ni una prueba de resistencia. Llegar es un derecho.