Salud mental y violencia: un desafío multidimensional
En México, como en muchas partes del mundo, la salud mental enfrenta desafíos significativos que no pueden considerarse aislados de otros problemas sociales como la violencia e inseguridad. Su impacto es tan profundo, que un manejo inadecuado de esta cuestión de salud ...
En México, como en muchas partes del mundo, la salud mental enfrenta desafíos significativos que no pueden considerarse aislados de otros problemas sociales como la violencia e inseguridad. Su impacto es tan profundo, que un manejo inadecuado de esta cuestión de salud pública puede derivar en problemáticas a nivel individual, comunitario y nacional, evidenciando la urgencia de abordarla integralmente.
Si bien los problemas de salud mental no son la causa principal de la violencia, diversos estudios han encontrado que el riesgo de conductas violentas es ligeramente más alto en personas con trastornos mentales que en la población general. Aunque no todas las personas con problemas de salud mental son violentas, abordar estos desafíos preventivamente es fundamental para mitigar su impacto en la dinámica social y comunitaria.
Y es que en nuestro país una porción significativa de la población se encuentra afectada por trastornos mentales, siendo la depresión y la ansiedad los más frecuentes y causantes de discapacidad. A pesar de la falta de estudios nacionales sobre la relación entre salud mental y violencia, investigaciones clínicas han identificado factores de riesgo específicos.
Por ejemplo, trastornos como el de personalidad antisocial, el límite de la personalidad y ciertos casos de psicosis pueden asociarse con comportamientos violentos, especialmente cuando no reciben tratamiento. Otros como el déficit de atención e hiperactividad (TDAH) afectan el autocontrol y la regulación emocional, propiciando conductas impulsivas y antisociales. En casos de esquizofrenia o trastornos psicóticos, síntomas como alucinaciones o delirios persecutorios pueden llevar a episodios violentos en situaciones específicas.
Otros trastornos graves como la esquizofrenia (que ya mencioné), el trastorno bipolar y el obsesivo compulsivo también impactan significativamente en ámbitos laborales, escolares y relaciones interpersonales.
Un factor preocupante es el vínculo entre el abuso de sustancias y la violencia. En México, donde el consumo de drogas y alcohol es significativo entre adolescentes y jóvenes, el riesgo de conductas violentas aumenta considerablemente. Este problema se refleja en el sistema penitenciario, donde un porcentaje considerable de personas encarceladas presenta trastornos mentales no tratados, evidenciando la insuficiencia de servicios de salud mental en la comunidad.
Además, las comunidades con altos índices de trastornos mentales no tratados suelen experimentar mayores niveles de violencia doméstica, conflictos interpersonales y conductas delictivas. La falta de tratamiento puede generar dinámicas familiares disfuncionales que, en casos extremos, derivan en episodios de agresión.
Ejemplos recientes, como el incidente en el Metro de la Ciudad de México, donde un hombre agredió a cuatro personas aparentemente sin motivo, subrayan la necesidad urgente de priorizar la salud mental. Este tipo de actos, que parecen carecer de lógica o empatía, pues podríamos pensar que una persona “en sano juicio” no los cometería, nos obligan a reflexionar sobre el papel de los trastornos mentales no tratados en la violencia cotidiana.
Como ciudadano y legislador he visto de cerca el daño que los problemas de salud mental generan a las personas y sus entornos. Por ello, no puedo dejar de celebrar iniciativas como el programa Vida Plena, Corazón Contento, impulsado recientemente por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que busca atender la problemática desde una perspectiva integral, incluso en el ámbito escolar.
Aplaudo esta iniciativa, pues es preciso establecer un enfoque integral que combine tratamiento médico, terapias psicosociales y educación comunitaria, junto con el combate al abuso de sustancias y la falta de acceso a servicios de atención para evitar que esta conexión impacte en la seguridad y estabilidad social.
