Rentas en la CDMX: la vivienda no es un producto de mercado

Vivir en la Ciudad de México se ha vuelto, para muchas personas, una carrera de resistencia contra el alza imparable de las rentas. Lo que antes era un problema localizado en zonas específicas, hoy es una realidad generalizada que golpea la estabilidad económica, la calidad de vida y el derecho a la vivienda. Las rentas han subido tanto, tan rápido y de forma tan desproporcionada respecto a los ingresos de la mayoría de los capitalinos, que muchas familias deben elegir entre pagar un techo o cubrir otras necesidades básicas.

Según Propiedades.com, al primer semestre de 2025, el precio promedio de renta en la capital era de 16 mil 133 pesos mensuales, con aumentos anuales de hasta 19 por ciento. En colonias como Roma Norte, Condesa o Del Valle, rentar un departamento de dos recámaras puede costar más de 25 mil pesos, mientras que el ingreso mensual promedio ronda apenas entre los 10 mil y 11 mil pesos, con base en datos del Imco y el Inegi. Con esa brecha, pagar la renta es casi imposible para buena parte de la población.

Las cifras hablan, pero lo que conmueve son las historias. Familias que durante años vivieron en barrios como Narvarte, Escandón, Portales o Santa María la Ribera han tenido que migrar a zonas periféricas o municipios conurbados del Estado de México, no por decisión, sino por necesidad. Rentas que hace apenas cinco años costaban 12 mil pesos hoy rozan los 22 mil. En algunos casos han aumentado casi al doble. Esta expulsión progresiva por motivos económicos no es otra cosa que desplazamiento forzado urbano.

El fenómeno de la gentrificación no es nuevo, pero en los últimos años ha tomado una velocidad alarmante. Alimentado por el turismo, las rentas temporales tipo Airbnb y la llegada masiva de nómadas digitales con ingresos extranjeros, el mercado inmobiliario se ha distorsionado, beneficiando a unos cuantos y condenando a muchos. Y aunque ya se han presentado iniciativas para ponerle un alto al aumento excesivo en las rentas, como la que impulsó el gobierno capitalino en la administración pasada, los esfuerzos siguen sin resolver el problema de fondo. Esa iniciativa permitió reformar el Código Civil y la Ley de Vivienda para que los incrementos no superen la inflación anual establecida por el Banco de México y crear un registro digital obligatorio de contratos. Pero, en la práctica, muchos inquilinos siguen enfrentando aumentos injustificados. Las leyes ya cambiaron, pero falta que esos cambios se reflejen en la vida diaria de quienes rentan la vivienda.

En este contexto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó ayer el Bando 1, por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local, con 14 medidas para frenar el alza de rentas, evitar desalojos y garantizar el derecho a la ciudad. Entre ellas: estabilizar las rentas, regular plataformas como Airbnb, crear una Defensoría de Derechos Inquilinarios, impulsar una Ley de Rentas Justas, construir vivienda pública en zonas céntricas y generar programas de renta social para grupos prioritarios. También se contemplan consultas vecinales, protección del patrimonio cultural, estímulos al comercio local y un Observatorio de Vivienda para monitorear precios y contratos.

Si bien algunos sectores inmobiliarios argumentan que medidas como poner topes al aumento de las rentas podrían desincentivar la inversión y reducir la oferta de vivienda, la realidad es que el acceso a ésta no puede tratarse como un simple producto de mercado. Se necesitan políticas públicas que equilibren la inversión privada con el bienestar social.

En tiempos donde rentar parece un privilegio más que un derecho, fijar límites a los aumentos es una necesidad improrrogable.