Que ser cuidado sea un derecho humano, sin ser una condena de género

En México, como en la mayoría de los países latinoamericanos, hablar de cuidados es hablar de desigualdad. Hoy, 21.5 millones de mujeres están excluidas del trabajo y, de ellas, 17 millones no pueden siquiera buscar empleo porque se encuentran realizando labores de cuidado y domésticas no remuneradas. Esta realidad, cruda y silenciada por años, nos grita la urgencia de reconocer el cuidado no como un asunto privado, sino como un asunto público, económico y político que atraviesa los derechos, las oportunidades y el futuro de millones de mexicanas.

La situación se vuelve aún más alarmante cuando se analiza el impacto a largo plazo. Durante el III Foro Mundial de Derechos Humanos (2022), se evidenció que las mujeres que han dedicado su vida a cuidar, ya sea a hijos, padres, parejas o personas enfermas, envejecen en condiciones de mayor pobreza. Y al no contar con empleo remunerado ni acceso a seguridad social o jubilación, su vejez se convierte en una etapa de carencias.

En nuestro país, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las actividades de cuidado son realizadas en un 98% de los casos por mujeres. Si éstas fueran consideradas dentro del sistema económico formal, tendrían un valor equivalente a 6.8 billones de pesos, es decir, 26.6% del PIB nacional. De acuerdo con estas cifras, casi una cuarta parte de la economía mexicana está construida sobre un trabajo invisible, no reconocido, no pagado y feminizado.

Ante este panorama, no basta con discursos de empoderamiento o buenas intenciones, se requiere acción estructural. El mes pasado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó la iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados, que busca establecer en la Constitución local el cuidado como un derecho humano universal: el derecho al cuidado, a ser cuidado y al autocuidado. Esta iniciativa representa un paso fundamental hacia una transformación profunda del modelo de cuidados en México, al buscar redistribuir la carga que ha recaído históricamente sobre las mujeres.

Y en ese mismo tenor es que, en días recientes, propuse que el Congreso de la Ciudad de México presente ante el Congreso de la Unión, a través del Senado, una propuesta de iniciativa para expedir la Ley General del Sistema de Cuidados, pues un enfoque local no basta para atender un problema de índole nacional. Lo que ocurre en la Ciudad de México puede y debe replicarse en todo el país.

Esta propuesta establece, además, la creación de un Programa Nacional de Sistema de Cuidados, articulado con el Plan Nacional de Desarrollo y gestionado por un Sistema Nacional de Cuidados en el que intervengan autoridades del gobierno federal, estatal y municipal. Esta red institucional permitirá desarrollar infraestructura, servicios públicos y políticas específicas para que el cuidado deje de ser un peso que excluye a millones de mujeres del desarrollo personal, profesional y económico.

Con este tipo de políticas se fortalece la lucha contra la desigualdad, se reconoce la labor de quienes cuidan y se beneficia a quienes necesitan cuidados. El derecho a ser cuidado no debe ser un privilegio de unos cuantos, ni condicionado a la posibilidad de pagar por servicios privados. Así como la educación o la salud, el cuidado debe entenderse como un derecho universal y una responsabilidad compartida, sin ser condena para nadie.

Más aún, en una sociedad que envejece rápidamente y donde la desigualdad se hace presente en cada etapa de la vida, construir un sistema nacional de cuidados no es opcional, es una obligación ética, social y económica, es reconocer que la acción de cuidar no puede seguir siendo una carga invisible y exclusiva de las mujeres, sino una responsabilidad del Estado.