No hay política más efectiva que la que involucra a los principales afectados

Sin duda, una de las prioridades en México, como en muchas otras partes de América Latina, es garantizar la seguridad de las personas. Garantizar la seguridad ciudadana depende de una variedad de factores que involucran desde la participación de las autoridades en labores de vigilancia y asistencia, estrategias para la reducción del crimen y la violencia, la atención a la juventud para la prevención de su inserción en grupos delincuenciales ante la falta de oportunidades, hasta la creación de sinergias entre instituciones y sociedad civil, así como el uso de la tecnología para abonar a la rápida acción y la eficacia de las autoridades.

En la Ciudad de México, este paso comenzó a notarse de mayor manera mediante los esquemas de videovigilancia instalados en 2005 en puntos estratégicos de la gran metrópoli que, actualmente, suman alrededor de 60 mil cámaras instaladas en calles, avenidas, parques y plazas públicas de la capital. Se trata de uno de los sistemas más grandes del país, en su tipo.

Entre los objetivos que se persiguen con este esquema, se encuentra la prevención de delitos, el monitoreo en tiempo real, la respuesta rápida, la investigación criminal y, por supuesto, la seguridad pública, pero en general podemos afirmar que son una herramienta muy valiosa para velar por la paz y tranquilidad de todos. Sin embargo, aun con los esfuerzos, sólo en 11 por ciento de los delitos de alto impacto existe una videograbación que puede ayudar en la investigación.

Uno de los principales obstáculos que se presenta, es que la ley actual sólo le permite solicitar la instalación de estas cámaras a autoridades como la Fiscalía general, las secretarías de gobierno o las alcaldías, además de las que coloca la propia policía, dejando a las y los ciudadanos sin posibilidades de hacerlo, cuando en realidad deberían ser los principales involucrados, al ser quienes sufren de forma directa las consecuencias de la inseguridad.

Y si bien la presente administración, encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum, tiene como meta llegar a 80 mil cámaras distribuidas en las 16 alcaldías de la capital del país, es preciso dar la oportunidad a la ciudadanía de solicitar la colocación de éstas en el exterior de sus domicilios, ya sean casas o edificios, a fin de incentivar su colaboración en las acciones de prevención del delito.

Son varios los casos de éxito en los cuales se ha demostrado que la colaboración entre ciudadanía, instituciones e, incluso, el sector privado, rinde mayores frutos que los esfuerzos encaminados desde una sola arista.

Y es que no podemos dejar de lado el gran papel que juega la tecnología en los diferentes aspectos de la vida contemporánea. Las cámaras de videovigilancia pueden colaborar en la disminución de la delincuencia, aumentar la sensación de seguridad de las y los ciudadanos y ayudar a las autoridades a responder ágilmente ante emergencias y situaciones de peligro.

Muchas ciudades y países de todo el mundo, tales como el Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Japón, por mencionar algunos, cuentan con sistemas de cámaras de seguridad en las calles y en lugares públicos para ayudar a garantizar la seguridad de las personas y prevenir el delito, lo cual ha contribuido a una mayor percepción de seguridad entre sus habitantes y a la atención de diversos delitos por parte de las autoridades. En ese sentido, nuestra gran metrópoli no puede desaprovechar la oportunidad de dar un paso más contra la inseguridad, con ayuda de la tecnología y la participación ciudadana, pues no hay política más efectiva que aquella que involucra a los principales afectados.